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YA ES HORA DE PONER FECHA A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Recordamos que como consecuencia de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, Los reglamentos para la participación ciudadana (Juntas Municipales de Distrito, Consejo Social de la Ciudad, Comisión de Sugerencias y Reclamaciones) así como el Reglamento orgánico de Gobierno y Administración, se aprueban y publican, en el boletín de la Provincia con el número 20, de fecha 13 de Febrero de 2006. Como es sabido, los referidos al Gobierno municipal y la administración local, se vienen aplicando con todo rigor, desde el mismo día de su publicación.

Después de un año en que se han instalado, los nuevos inquilinos del gobierno municipal, en el Ayuntamiento de todos los ciudadanos de este municipio, con la promesa de establecer un nuevo marco de participación ciudadana, más progresista que el anterior, hasta la fecha no se le ha visto ni la intención de modificar los actuales Reglamentos, ni la voluntad de poner en marcha los aprobados en el año 2.006.

Como se recordará, el tripartito que conforma el nuevo gobierno municipal (Nueva Canarias, PSOE y CNC), se posicionaron a favor de unos reglamentos de participación ciudadana menos sectarios que los aprobados, más participativos y mucho más transparentes. Sin embargo siendo la composición de los distintos foros tan sectaria, como decían algunos partidos de los que nos gobiernan, en la medida que la mayoría de sus vocales son designados por los propios partidos políticos, aún así, no han tenido el arrojo político de ponerlos en práctica.

En este sentido y mucho más recientemente, el Pleno Municipal ratifica por unanimidad de fecha 27 de septiembre de 2007, adherirse a la Agenda21 de la cultura. Pese a ello el gobierno municipal pretende desconocer, que ese acto, implica que deben desarrollar nuestra propia agenda21 local, pero que además deben asumir los compromisos y recomendaciones de la propia agenda.

Con esos compromisos y recomendaciones, están obligados a crear el foro de la cultura cuya composición, entre otros actores, se encuentra la participación ciudadana: asociaciones, comunidad escolar, creadores, instituciones sin ánimo de lucro, sindicatos, empresarios, etc. De igual modo deben realizar un amplio debate con la sociedad de este municipio.

Asimismo se debe disponer de un sistema de indicadores culturales que dé cuenta del despliegue de la Agenda 21 de la Cultura, a partir de métodos generales de manera que se pueda comparar y facilitar el seguimiento, a partir de los análisis de la realidad y del diagnóstico sociocultural.

El investigador australiano Jon Hawkes, propone la cultura como el cuarto pilar de la sostenibilidad, con la misma categoría que gozan los tres pilares clásicos: el económico, el social y el ambiental. Pues bien, en este caso y después de casi nueve meses de tomar esta iniciativa, tampoco se han puesto en marcha estas responsabilidades o encargos, salvo un manifiesto, que si no se desarrolla su contenido con el conjunto de la sociedad y las asociaciones representativas de este municipio, no tiene el menor sentido y en todo caso representaría un gran fraude hacia los ciudadanos de este municipio.

Como podemos observar, en ambos casos, todo lo relativo a las políticas integrales y transversales que permiten la participación ciudadana están totalmente estancados, puesto que los marcos jurídicos de la citada participación no se han puesto en práctica o no se desarrollan a favor de la sociedad plural. Mas aún, ni tan siquiera el Reglamento de Sugerencias y Reclamaciones donde cualquier ciudadano o empresa pueda expresar su requerimiento, donde solo tienen participación los propios partidos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento. Por tanto debemos preguntarnos donde está la transparencia de la que tanto alardearon cuando estaban en la oposición.

Cuando se dice por algunos políticos que existe participación ciudadana, debemos entender que lo que verdaderamente existen, son asociaciones y federaciones legales y que pueden confluir, en un momento dado en una intervención, en torno a un tema determinado que pueda interesar a los ciudadanos.

En absoluto debemos admitir que se pueda hablar de participación ciudadana en relación con la administración local, porque los colectivos ciudadanos no pueden estar sujetos a que te quiera recibir o no el gobierno de turno para analizar los problemas de tu barrio o municipio, que te conteste o no las sugerencias o reclamaciones que se realizan o lo que es más indigno que te reciban o no dependiendo de su color político, cuando existe un marco jurídico vigente tal y como hemos señalado más arriba.

Con estas premisas, parece claro, que no podremos avanzar hacia una ciudad del siglo XXI realizando políticas del siglo pasado, salvando alguna excepción, y menos aún cuando las normas y leyes que se pretenden aplicar pertenecen a este siglo como es el caso que nos ocupa.

Para terminar vamos a utilizar los siguientes párrafos, del grupo de trabajo en cultura de ciudades y gobiernos locales unidos, que enuncian conceptos y consideraciones generales sobre la implementación local de la Agenda 21 de la cultura, derivadas de sus principios, compromisos y recomendaciones, que en sus consideraciones generales dice entre otros apuntes: “Es necesario el liderazgo político en las más altas instancias del gobierno local. La exaltación de las herramientas por el gobierno local como un conjunto y no sólo del servicio, del departamento o la concejalía de cultura. El gobierno local como catalizador del proceso en cultura: reforzando a la sociedad civil, promoviendo consensos y estableciendo corresponsabilidades.
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GOBIERNO MUNICIPAL Y AGENDA DE LA CULTURA

Es preocupante que la Agenda21 de la Cultura no esté dirigida y centrada por la Concejalía de Cultura y Educación que es a la que, por derecho propio, le corresponde las iniciativas políticas y la coordinación de las políticas transversales derivadas de la confección y ejecución de la citada Agenda21. Por ello no entendemos que se haya relegado, a una dirección de gobierno del área de desarrollo local, pymes, comercio e industria, como es el caso que nos ocupa. Estos hechos son bastantes significativos donde se demuestra la poca atención y escaso interés que, el Gobierno municipal, presta a este plan estratégico de la cultura, importante para la ciudadanía de este municipio y donde se presupone que es el gobierno local el protagonista del proceso para involucrar a sus ciudadanos.

No es casual que a finales del pasado mes de Mayo la Directora de gobierno, del área mencionada, presentaba en www.teldeactualidad.com un manifiesto sobre el particular como opinión particular y, no como responsable de la materia, sin embargo desconocemos las iniciativas y los trabajos de campo que se realizan, desde esa Dirección, para elaborar nuestra propia Agenda21, pues con la simple adhesión protocolaria del Pleno Municipal aprobado por unanimidad con fecha 27 de septiembre de 2007 y un folleto de buenas intenciones me temo que no es suficiente, aunque todos podamos compartir los principios generalitas, de la propia agenda, que allí se citan.

Pero además de los principios, que se apuntan, existen compromisos y recomendaciones a los gobiernos locales a someter este documento, a la aprobación de los órganos de gobierno municipal tal y como se ha realizado, pero igualmente están obligados a “realizar un debate amplio con la sociedad local”, asunto que desconocemos si se va a realizar o no.

Asegurar la centralidad de la cultura en el conjunto de las políticas locales, impulsando la redacción de agendas 21 de la cultura en cada ciudad o territorio, en coordinación estrecha con los procesos de participación ciudadana y planificación estratégica, donde se deben concretar los actores y la creación del foro de la cultura.

Tener una propuesta de sistema de indicadores culturales que dé cuenta del despliegue de la Agenda 21 de la Cultura, a partir de métodos generales de manera que se pueda facilitar el seguimiento y la comparabilidad, a partir del análisis de la realidad y del diagnóstico sociocultural.

Como podemos observar la agenda21 de la cultura, es mucho más que una adhesión protocolaria. Es una herramienta o instrumento activo de adecuación a la propia realidad social, geográfica, arqueológica y ambiental del municipio, donde además de la administración local, los técnicos y la participación ciudadana: asociaciones, comunidad escolar, creadores, instituciones sin ánimo de lucro, sindicatos, profesionales, personas de relevancia social, etc., deben implicarse. Siempre, claro está, que el gobierno municipal tenga la voluntad política de ejecutarla y sea capaz de liderar el proceso.

A estas alturas de la democracia no se puede pretender gestionar una gran ciudad con las fórmulas de “Juan Palomo”, las cuales deben desterrarse definitivamente y establecer cauces ó marcos estables democráticos de participación ciudadana. Como hemos dicho en alguna ocasión, la participación se caracteriza por la posibilidad de intervenir antes de que la agenda esté establecida y que las decisiones estén adoptadas, en la que los ciudadanos tengan la oportunidad real de propuesta y discusión, para que los resultados sean fruto del proceso y no de la decisión unilateral de los responsables públicos.
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UNA DEMANDA SOCIAL QUE NADIE AFRONTA, EL TRANSPORTE PÚBLICO.

Somos de la opinión de que la base de un buen transporte público, comienza con la elaboración, diseño y ejecución de un Plan General Urbano, que ponga en el centro del tiralíneas de los aparejadores y arquitectos, amplias carreteras que irradien y dinamicen las distintas conexiones: internas, hacia sus habitantes y sus centros comerciales y externas: en relación a su expansión, comunicación y desarrollo del municipio.

Esa sería la mejor manera de tener interconectada una gran ciudad y el primer paso para que sea una localidad más económica y comercial, más eficaz, más comunicativa, armoniosa y sana. Pero para ello es imprescindible contar con la voluntad inequívoca de los políticos, cuestión que indudablemente no han estado a la altura de las circunstancias y, de hecho todavía hoy, nos encontramos que se abren y amplían vías en la medida que va creciendo la ciudad, lo que explica que primero son las edificaciones y después las calles.

Hemos estado de espaldas al crecimiento poblacional del municipio de Valsequillo, que tiene como únicas salidas más cercanas, hacia el sur y Las Palmas, a este municipio y, ahora, nos encontramos con un cuello de botella que nos arrastra hacia un colapso circulatorio interior y que viene perjudicando a los ciudadanos de Telde. El proyecto para la realización de un puente de última generación no creemos que solvente el citado crecimiento poblacional de los próximos años de Valsequillo y que afecta a este municipio, no obstante es una solución para los habitantes de San José de las Longueras, puesto que lo que hace es desplazar o diversificar las complicaciones actuales unos metros más arriba de donde se produce los actuales atascos.

El Cabildo Insular, como responsable de muchas de las rutas de acceso al municipio y el Ayuntamiento, como garante de proyectar un Plan general Urbano y sus servicios, deben ponerse a trabajar para consensuar y poner las bases, para diseñar una ciudad de futuro en consonancia con esos objetivos, que en todo caso debe contar con la participación de los ciudadanos.

Es a partir de ahí cuando podríamos hablar de un transporte público más económico, eficaz, más respetuoso con el medio ambiente. Cuando la ciudad no está cohesionada por los transportes públicos, al ciudadano medio no le dejan otra opción, para desplazase, que no sea el transporte privado. Sin embargo a una parte importante de la sociedad, entre ellos la juventud, tienen dificultades para su desplazamiento.

En la medida que el Cabildo y Ayuntamiento son corresponsales de las distintas carreteras y sus servicios, como es el caso del trasporte público de este municipio, desde esta Asociación vecinal de Costa de Taliarte, se instó al Alcalde el pasado día 26 de Enero, para que se revisen los convenios con las empresas de transporte, que tienen la concesión de las distintas líneas de servicios en la ciudad, para renovar y ampliar los servicios y horarios en los distintos barrios del municipio. Así como ampliar estos contratos a las zonas de costa de Melenara, Salinetas, Taliarte, Playa del Hombre y la Garita, donde a partir de determinadas horas no existe otro medio, que no sean los taxis, cuando se encuentran, o el vehiculo particular.
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BREVE REPASO A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

La tradición de la Democracia griega o del republicanismo romano, encarna, tras un largo periodo histórico, la democracia jacobina, que debe ser entendida como un proceso que va desde abajo hacia arriba y no al revés, como se ha querido deformar por parte de los historiadores bonapartistas y burgueses. La centralización y el flujo de arriba hacia abajo es obra de la reacción antidemocrática de Bonaparte y posteriormente del liberalismo, muy propia del despotismo ilustrado "todo para el pueblo, pero sin el pueblo".

Más recientemente la democracia participativa surgió, no como una entelequia sino como una realidad tangible, con los trabajadores brasileños en su forma de organización en las luchas de los años 70 y 80, concluyendo en un proyecto político y en la creación del Partido de los Trabajadores en el año 1979, la Central Única de los Trabajadores en 1983 y el Movimiento de los trabajadores sin Tierra en 1985. De esa experiencia y de la necesidad de cubrir las necesidades más elementales dieron lugar a numerosas organizaciones sociales en defensa de viviendas, centros de salud, educación, mejora del transporte, de los derechos de la mujer, la infancia, derechos de los negros, indios, homosexuales…. De este modo se crearon estas Organizaciones en Brasil, llegando uno de los fundadores metalúrgico a ser el actual presidente de Brasil.

Se podría decir, por algunos, que ese país no es ningún referente para Europa puesto que aquí no existen esos problemas, pero si analizamos nuestro entorno podemos ver que siguen vigentes, la única diferencia es que estos problemas no son tan amplificados como en el estado de referencia, sin embargo, para aquellos que así continúan opinando habría que decir a modo de ejemplo, que la agenda 21 de la cultura nace como propuesta de los ayuntamientos de Barcelona y de Porto Alegre el 8 de mayo de 2004 y se firma en la ciudad condal, por el IV Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre, en el marco del primer Foro Universal de las Culturas, cuyo preámbulo de la misma dice: “Nosotros, ciudades y gobiernos locales del mundo, comprometidos con los derechos humanos, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia participativa y la generación de condiciones para la paz, aprobamos esta agenda como documento orientador de las políticas públicas de cultura” como un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales.

También en Europa, tanto en Gran Bretaña, Alemania o Francia, se han mostrado favorable a introducir cambios legislativos para favorecer la ampliación de la democratización local. Un ejemplo de ello es el proyecto de ley, presentado y aprobado en la Asamblea Nacional de Francia el 23 de mayo de 2001, llamado Democracia de Proximidad.

Los antecedentes que posibilitaba, pero no obligaba, la participación ciudadana en España lo encontramos en la Ley 14/1990, definida en el régimen jurídico de las administraciones públicas relativa a los municipios canarios y a las entidades territoriales inframunicipales que en su articulado definían las Juntas Municipales de Distrito o Barrios cuyas competencias entre otras era mejorar la gestión y facilitar la participación ciudadana, los Consejos de Participación Ciudadana y sus funciones, como son estudiar y cuantificar los problemas en todas las materias (urbanismo, sanidad, educación, trafico, etc.) de los distritos o barrios así como los Consejos de Barrio y del Sector.

Al amparo de esta Ley son muchos de los Ayuntamientos, mayoritariamente peninsulares, entre otros el Ayuntamiento de Barcelona, Bilbao, Sevilla, Madrid, etc., los que fijan un marco jurídico para la participación ciudadana, por el contrario en Canarias no existen ningún precedente de esta naturaleza, lo cual nos debe hacer reflexionar.

Curiosamente es un gobierno conservador el que aprueba la ley 57/2003 de 16 de diciembre de 2003, de medidas para la modernización del gobierno local, y que da paso obligado a la participación ciudadana con la creación de todos estos foros además de otras medidas de carácter administrativas, ejecutivas y operativas que, dicho sea de paso, es el primer objetivo que pretendía la mencionada ley de mínimos.

El pacto del Gobierno municipal anterior, de acuerdo con el Art. 121.1 de la LRBRL, toma la iniciativa para situar al municipio dentro del titulo X de la propia Ley, para posteriormente aprobar los Reglamentos de participación ciudadana así como el Reglamento orgánico de Gobierno y Administración, el 13 de Febrero de 2006, y por las que se rige administrativamente el Ayuntamiento en estos momentos. Los reglamentos que afectan a la participación ciudadana no se ponen en marcha, por los presuntos casos de corrupción y la nula gestión de los servicios, que afectó a la propia estructura institucional y funcionarial.

A la mayoría de los políticos, les gusta mostrar que su gestión se encuentra orientada hacia las demandas de los ciudadanos. Las fiestas locales organizadas por las asociaciones, los barrios y el propio municipio proporcionan una buena ocasión para salir en la foto, “cerca de los ciudadanos”. Desgraciadamente para la mayoría de estos representantes políticos la participación ciudadana finaliza en ese momento, ó con unas palabras obligatorias, que nos hacen pesar que somos menores de edad para dar soluciones a los problemas del municipio y que nos afectan como ciudadanos.

Las iniciativas que van más allá, como involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones o incluso delegar la ejecución de determinadas tareas en ellos, son en general consideradas como altamente sospechosas ó peligrosas, tanto por los cargos electos como por los funcionarios. Los políticos porque creen conocer qué es lo más importante para los ciudadanos y seguramente, continúan argumentando, no les hubieran elegido si esto no fuera cierto. Los funcionarios también tienden a pensar que tienen mejor conocimiento experto que los ciudadanos ordinarios, quienes no pueden ver más allá de sus intereses privados y, en cualquier caso, carecen de la competencia profesional adecuada. Desde esta perspectiva, parece claro, que no existen beneficios, para unos ni para otros, con la participación ciudadana, sólo verdaderos problemas y se olvidan que son los ciudadanos los que los eligen, pagan sus salarios y sus irresponsabilidades derivadas de sus propios intereses políticos o personales.

Hay que decir y defender que la participación ciudadana, sólo es posible tomando parte activa en las decisiones públicas y para ello es necesario un marco estable y normado en contraposición a la participación “no auténtica”. Decimos que “no es auténtica” porque, los colectivos ciudadanos, no pueden estar sujetos a que te quiera recibir o no “el gobierno de turno” para analizar los problemas de tu barrio o municipio, que te conteste o no las sugerencias que realizan o lo que es más indigno que te reciban o no dependiendo de su color político.

La auténtica participación se caracteriza por un estilo de colaboración, con la posibilidad de intervenir antes de que la agenda esté establecida y que las decisiones estén adoptadas, en la que los ciudadanos tengan la oportunidad real de propuesta y discusión, para que los resultados sean fruto del proceso y no de la decisión unilateral de los responsables públicos. Plasmar estas ideas no sólo será fruto de la responsabilidad de los partidos políticos que confluyan en esta proposición, sino del apoyo general de los ciudadanos.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE LOS POLITICOS UTILIZAN, PERO CUANDO GOBIERNAN NO QUIEREN.

La Ley 14/1990, de Julio, relativa al régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, con esa fecha ya se definía en el capítulo II de la organización de los municipios en sus distintos Artículos, las Juntas Municipales de Distritos, los consejos de participación ciudadana o los consejos municipales del sector.

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que entró en vigor el 1 de enero de 2004, en materia de participación ciudadana, se establecen unos estándares mínimos que constituyen los mecanismos necesarios para su potenciación: el establecimiento de la necesidad de reglamentos orgánicos en todos los municipios en materia de participación ciudadana, que determinen y regulen los procedimientos y mecanismos adecuados para hacerla efectiva.

En cuanto a los distritos, que constituyen un instrumento esencial para el desarrollo de políticas de proximidad y participación en los municipios, tanto desde la perspectiva de la desconcentración de funciones como desde la de la participación ciudadana, se establece su carácter necesario, debiendo además cada Ayuntamiento establecer el porcentaje mínimo de sus recursos que deberá gestionarse por distritos.

Otra novedad relevante en el ámbito organizativo es el establecimiento de un órgano para la participación de los vecinos y la defensa de sus derechos. La Ley ha puesto el acento en este ámbito al prever la necesidad de que esta defensa se garantice mediante la creación de una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que estará formada por miembros del Pleno, con participación de todos los grupos políticos. De igual modo debe destacarse el establecimiento del denominado Consejo Social de la ciudad, como mecanismo participativo de carácter consultivo de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio, centrado esencialmente en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica urbana, ámbitos éstos que están adquiriendo una importancia esencial en las políticas locales.

Consecuencia de esta última Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. Se aprueban y publican finalmente, en el boletín de la Provincia con el número 20, de fecha 13 de Febrero de 2006, los reglamentos de participación ciudadana, así como el Reglamento orgánico de Gobierno y Administración, derivados de la propia Ley, que dicho sea de paso, éstos últimos, ya se viene aplicando desde el mismo día de su publicación y sin embargo los referidos a dicha participación continúa sin aplicación.

Después de casi dieciocho años en que se publica la primera Ley, para la participación ciudadana, hasta este momento, los políticos canarios y en particular los de este municipio no han mostrado mayor interés, y menos aún voluntad, de aplicar la citada ley para involucrar a la sociedad y a los colectivos sociales en los asuntos de la vida municipal. Parece claro que la culpa, no es sólo de los políticos que no han estado a la altura de las circunstancias, sino de los propios colectivos sociales que hemos sido incapaces de reclamar nuestros derechos como ciudadanos emancipados. Estos preciosos dieciocho años de edad y de experiencia son los que avalan a los colectivos sociales, de muchos municipios de la península, para que estén mucho más comprometidos en los asuntos de sus ayuntamientos, de ahí que cuando se promulga la segunda Ley, citada más arriba, sólo han tenido que adecuarla.

El Sr. Perera, socio de este gobierno municipal, seis meses después de la aprobación de los reglamentos de participación ciudadana, en su blog, el 12 de Julio de 2006, titulaba miedo a la participación ciudadana y exponía: “Aún así, estos son los reglamentos que hay. Pero resulta que a pesar del tiempo transcurrido, de que se han desarrollado los procesos para que los colectivos por una parte y los partidos políticos por otra, designaran a sus representantes en los distintos órganos (Juntas Municipales de Distrito, Consejo Social de la Ciudad, Comisión de Sugerencias y Reclamaciones), el Alcalde no los han constituido. Lo que se está haciendo con el retraso en la constitución de los órganos que permiten, aunque sea de forma tímida, la participación ciudadana, es evitar que la ciudadanía pueda expresar a través de estos foros sus pareceres y sus aspiraciones. Tal vez, se esperará el tiempo adecuado para que no haya más que la foto en el momento oportuno, pero sin que sea posible que estos órganos comiencen a andar. Es, sencillamente, un Gran Fraude”.

Si bien es verdad que existe un compromiso, con los partidos que conforman el nuevo gobierno municipal, para modificar los reglamentos de participación ciudadana con las AAVV, fundamentalmente en la composición de las juntas de distritos, veremos en qué sentido se pretenden las reformas que se quieren realizar. Sin embargo eso no es impedimento para que se pongan en marcha tal y como están previstos estos foros ciudadanos. Después de veintiún meses de la publicación de los mismos y de casi seis meses de tomar posesión el nuevo gobierno municipal no deben demorarlo mucho más, pues en caso contrario necesitaría de una explicación clara a los ciudadanos donde manifieste su voluntad inequívoca de ponerlos en funcionamiento.
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¿EL PSOE QUIERE CONVERTIR AL MUNICIPIO DE TELDE EN EL TRASTERO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS?

El 30 de marzo de 2006 el Presidente de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Sr. Emilio Mayoral y dirigente de PSOE, acordó de manera unilateral encargar un estudio que determinara la viabilidad, los costes y las soluciones técnicas de un posible traslado de la Base Naval al puerto de Salinetas, en el municipio de Telde.

El viernes, 7 de abril de 2006 el Pleno de la Corporación local aprobó por unanimidad, en una sesión extraordinaria, un pronunciamiento institucional de rechazo a la intención de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de trasladar la Base Naval, a la costa de Salinetas. Debemos recordar que este pronunciamiento vincula actualmente a todos y cada uno de los partidos políticos que siguen presentes en la Corporación Municipal.

La semana pasada el periodista de La Provincia Rafael G. Morera daba cuenta de la opinión del Alcalde de la ciudad de Las Palmas sobre el futuro emplazamiento de la Base Naval, donde manifestaba: Entre las ideas de la futura ubicación de la Base Naval, entre La Esfinge y Salinetas me inclino por esta última.

Asimismo el citado periodista se hacía eco de la reflexión del Alcalde:Jerónimo Saavedra es consciente que está ante una situación histórica de una nueva faz de la ciudad de cara al mar y, la Base Naval, El Confital y El Rincón pueden ser los tres puntos de oro en donde el ciudadano tenga en el futuro espacios lúdicos, de ocio, esparcimiento y comunicación sociológica que impriman un auténtico carácter cosmopolita a la capital de Gran Canaria.

Ante aquella intromisión del presidente de la Autoridad portuaria. desde esta AV Costa de Taliarte, decíamos que la zona de costa marítima que corresponde al municipio de Telde es pequeña y por tanto muy limitada, de ahí la necesidad de que el Cabildo interviniera para que se ordene este espacio, a fin de establecer su utilidad: que debe estar de acuerdo con intereses sociales y económicos del municipio y los criterios de actuación en consonancia con el espacio y el medioambiente, para posteriormente desarrollar aquellos proyectos de calidad que beneficien a los vecinos de este municipio y a las futuras generaciones.
No queremos que el complejo residencial de Salinetas sea una bomba de relojería; ya que existe un peligro potencial con el hacinamiento de unas doce factorías de carburante, de unos mil metros cúbicos cada una, para que ahora nos pretendan imponer una Base Naval que comporta mantener armas y explosivos en ese recinto. Al margen de la contaminación que acarrea una flota vieja y anticuada como la que tenemos. Esta combinación explosiva de industrias puede provocar, en caso de un accidente, una onda expansiva de dimensiones sin precedentes.

Lo que realmente deberían hacer, el cabildo insular y gobierno de canarias, es buscar un nuevo espacio para trasladar, lo antes posible, los mencionados depósitos de combustible y librarnos de un latente peligro a los ciudadanos de Telde. Lamentarnos después de un accidente no es el camino para solucionar los problemas sino poner los medios para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Ante esta nueva indiscreción y falta de respeto del PSOE a los habitantes de Telde, en este caso patrocinada por el Sr. Saavedra Acevedo, esta AV no va a calificarla, porque la mencionada persona nos merece respeto y porque, además, se califica sola. Lo que si debe saber el aludido Alcalde es, que los ciudadanos de Telde no vamos a consentir, esperamos que esta nueva corporación también, que la ciudad de Telde se convierta en el trastero de la ciudad de Las Palmas.

Del mismo modo que el Alcalde D. Jerónimo Saavedra aspira a ordenar el frente marítimo de la ciudad de Las Palmas, cuestión muy loable y que compartimos, los ciudadanos de este municipio aspiramos poder decidir en nuestra costa, aquellos proyectos que la propia sociedad, de este municipio, demande socialmente en su momento, pero lo que no se puede permitir son ideas políticas preconcebidas que posteriormente se conviertan en imposiciones de la mano ejecutoria del Ministerio de Defensa que condenan a los ciudadanos de esta ciudad a no disfrutar de una bahía tan importante para sus habitantes y tan pequeña como para instalar un macroproyecto como es la Base Naval que destrozarían toda la bahía y que dañaría todas nuestras playas.
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NUEVO GOBIERNO, NUEVAS FORMAS DE GOBIERNAR Y GESTIONAR.

El pasado jueves, día 9 de agosto, el alcalde del municipio de Telde invitaba a las AAVV de Taliarte, Meclasa y Cofradía de Pescadores al acto que con motivo de la visita del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, D. Román Rodríguez, al puerto deportivo pesquero de Taliarte.

Se aprovechó la ocasión para informar más detalladamente sobre los proyectos del parque Científico Tecnológico Marítimo y la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y para este fin se invitó al Director del Instituto Canario de Ciencias Marinas D. Octavio Llinás.

Aunque ambos proyectos se conocen por la prensa, de forma general, hemos podido conocer más exhaustivamente los fines e inversiones así como la transformación en bienes sociales, como los formativos y económicos, empresariales e industriales y de generación de empleo, que se van a producir con dichos proyectos una vez se pongan en marcha.

El parque Tecnológico y Científico, cuya inversión para su desarrollo estructural y de equipamientos va a estar en torno a los seis millones de euros, cofinanciado por la ULPGC y el Gobierno de Canarias, tiene como función la inserción de nuestros jóvenes universitarios en el campo de la formación, desarrollo e investigación.

En cuanto a la inversión de la Plataforma Oceánica de Canarias supone cuarenta y ocho millones de euros, participado por el Gobierno de España y la Comunidad Europea. Su finalidad será la de aunar esfuerzos científicos de la comunidad internacional para la investigación y desarrollo y su posterior transformación en bienes de servicios a través de las empresas.

Analizando la proyección de éstos proyectos debemos reconocer, dado que es un hecho objetivo, que la apuesta por liberar suelo a favor de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por el actual alcalde en tiempos pasados, hacen posible que estas inversiones económicas y científicas se puedan realizar en este municipio y no hayan ido a parar a otras latitudes de nuestro entorno.

En este contexto se presentaba la rehabilitación del muelle deportivo pesquero de Taliarte y la visita del vicepresidente D. Román Rodríguez. Sobre el particular el alcalde D. Francisco Santiago se comprometió a que el proyecto de rehabilitación del citado puerto pesquero deportivo sería muy blanda en el que el dique pueda crecer sobre los cincuenta metros, para que su desarrollo pueda servir a los fines actuales (pesqueros y deportivos) del mismo modo que a los propuestos, así como que el Cabildo cree un ente autónomo para la administración del mencionado puerto.

En este sentido, debemos decir que la AV de Taliarte comparte básicamente todos y cada uno de los extremos defendidos por el Alcalde, puesto que estos argumentos son exactamente los mismos que hemos debatido y defendido desde nuestra Asociación Vecinal ante la corporación municipal en la etapa anterior. Decir que nos sorprendió el grado de coincidencia sobre los argumentos esgrimidos en relación al puerto pesquero deportivo. No obstante esperamos que próximamente, el alcalde nos informe más detalladamente sobre la tan mencionada reforma y sus equipamientos, del mismo modo que, entendemos que dentro de la petición que se realizó al Cabildo para la creación del citado ente debe participar una representación social, precisamente para no perder los objetivos sociales que la ciudad tiene en el puerto y que no se perviertan en el futuro.

Proyectos como los anteriores son lo que, no sólo mejoran las condiciones del entorno de la zona sino que, además de proporcionar actividades científicas, económicas, empresariales e industriales a la sociedad en general, proyecta a la ciudad de Telde en el mundo de la sociedad del conocimiento y la investigación en el plano internacional.

Al margen de que esta AV apostó por un gobierno de progreso, sin que deba ni pueda significar un cheque en blanco hacia la gestión de este gobierno municipal, lo que parece claro es que, tal y como está demostrando esta corporación, con acciones como las señaladas sobre el Puerto Deportivo Pesquero de Taliarte donde, en el tiempo, se podrá verificar que será mucho más rentable social y económicamente dedicándolo a los proyectos anteriores, salvaguardando los fines sociales actuales y futuros, que dedicándolo a proyectos comerciales, sin estudios sobre su viabilidad económica y menos aún medioambientales, como se pretendía por el gobierno anterior, con el agravante de deteriorar la Playa de Melenara por la asfixia del macroproyecto propuesto.

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UN GOBIERNO PLURAL... UN GOBIERNO CON VOCACIÓN DE DIÁLOGO.

Los partidos que han conformado el nuevo gobierno de Telde han sabido recoger perfectamente las aspiraciones básicas que la gran mayoría de los ciudadanos veníamos demandando para esta ciudad y los primeros pasos que se han dado, tanto por Nueva Canarias como por el PSOE, así lo han puesto de manifiesto. Por un lado aparcando apetencias personales o de partidos, por otro poniendo en el centro de la discusión a los ciudadanos y sus problemas, para posteriormente continuar con las áreas de gobierno y finalmente las personas que iban a conformar las concejalías.

Asimismo han cumplido con otro de los objetivos que habían manifestado, ambos partidos, en campaña electoral dando entrada en dicho gobierno al Centro Canario Nacionalista, dando ejemplo de que la palabra para este gobierno es un valor en alza.

Estas formas y fondo de realizar las negociaciones políticas, no deben hacerse como algo excepcional tal y como ha ocurrido en esta ocasión, por los problemas derivados del gobierno anterior, sino que deben pertenecer a la praxis habitual y cotidiana de los partidos en una verdadera democracia, de igual modo esperamos que el principal partido de la oposición sea llamado regularmente, por el Alcalde, para ponerle en antecedentes de los principales problemas que tiene la ciudad, así como facilitar toda la documentación que precise para poder informarse de aquellos aspectos que necesiten de un pronunciamiento y que estos hechos se puedan contemplar con normalidad democrática y no como un hecho extraordinario.

La esencia de la democracia debemos encontrarla en el diálogo sin excepciones, que es en todo caso el punto de partida para que se pueda establecer la confrontación, de ideas y argumentos, que enriquecen el diálogo político, social e intelectual que son las que hacen que una sociedad democrática se desarrolle y avance en este siglo XXI.

Los partidos políticos, más aún cuando gobiernan, deben comprender que las reglas democráticas no se deben ni pueden romper cuando no tienen ideas o argumentos donde sustentarlas, puesto que se colocan automáticamente como unos autócratas, divorciados del sistema que la mayoría nos hemos dado y que nos caracterizamos fundamentalmente por el valor de la palabra.

Estos valores democráticos son incluso más importantes, que la acción de gobierno en el entorno, puesto que corresponde al plano de las personas y el papel que deben desarrollar, es en este sentido como decíamos más arriba, que los primeros pasos iniciados por este nuevo gobierno municipal, en el que nos ha parecido que han sido correctos y rigurosos políticamente, sin embargo, en la medida que ha existido un pacto para gobernar esta ciudad y conocemos el documento marco, desconocemos el contenido del programa de gobierno para realizar en los próximos cuatro años, cuestión de la que esperamos se informe a la ciudadanía, puesto que se presupone que ya ha sido consensuado.
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DEBEMOS CREER EN LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS.

Las ofertas de los partidos políticos en tiempos de campaña electoral difieren bastante del comportamiento y las actitudes que tienen después de las mismas, bien por acción u omisión, esto es la norma habitual hasta la fecha, según hemos podido observar en las diferentes etapas de la democracia. Así por ejemplo nos encontramos que, antes de las elecciones, nos ofrecen un rosario de iniciativas y beneficios sociales que nos incitan e invitan a afirmar esas siglas y, sin embargo, cuando llegan al poder se convierten en la mayor de las pesadillas de sus habitantes, bien porque no cumplen con lo que habían prometido, bien porque nos suben sorpresivamente los impuestos o, lo que es mas grave aún, que se conviertan en sectarios y autoritarios, con aquellos ciudadanos que no comulgan con sus ideas o argumentos, evidenciando el desprecio por la palabra o las ideas y consecuentemente denigrando la esencia de la democracia.

Las extrañas alianzas que se realizan entre partidos de ideologías opuestas, si no obtienen la mayoría, después de las elecciones y que representa en la mayoría de los casos una estafa al voto del electorado, o los programas de gobierno, que no electorales, que no satisfacen las necesidades de la sociedad, son otros de los motivos que intervienen en el alejamiento de los representantes políticos de la sociedad.

Pero además, hemos podido observar antes y después de las elecciones, los cambios que se producen de representantes políticos, que quieren alcanzar algún tipo poder, de unas siglas políticas a otras diametralmente distintas por las que se presentaron y que sin el mayor de los reparos o escrúpulos son admitidos y amparados por determinados partidos políticos, evidenciando la moral y las ideas de los unos y de los otros, así como lo fines de esos partidos políticos. Estos representantes, aunque se pueda decir que son una minoría, son los que conforman mayorías no deseadas que luego nos gobiernan, en las que se intenta relativizar el transfuguismo político con argumentos sin consistencia y faltos de credibilidad. Son estos representantes y sus partidos políticos, con sus cambalaches, los que colaboran a enfermar la democracia tal y como se desprende de lo manifestado por el escritor José Saramago en unas recientes declaraciones.

Con estos antecedentes debemos preguntarnos, si debemos pedirles a los representantes políticos que estén a la altura de las circunstancias, para que construyan más democracia, cuando hemos podido observar, en muchos de los casos, como se anteponen los apetitos personales a las ideas y los proyectos o los compromisos sociales.

Todas estas causas son motivos suficientes para que la mayoría de sus habitantes no confíen en los representantes políticos, ni en las propuestas de sus respectivos partidos ya que, son estos, con sus incongruencias, apetencias personales o estrategias de partidos, los que se divorcian de la sociedad y no al revés como se intenta presentar, pues por definición, la sociedad está, quien se aleja de ella por motivos no confesables, son aquellos que quieren representarla. Son estos representantes los que pretenden alejar a sus habitantes, violentando o diluyendo las normas, de los centros de participación ciudadana para conseguir sus objetivos o para que permanezcan en la más ciega de las ignorancias y así poder manipularlos tal y como desarrolló Sigmund Freud en su obra Psicología de las masas.

Es una obviedad que todos los representantes políticos no son iguales, pero de igual modo, también es cierto que ha existido escasa voluntad, en este amplio periodo democrático, bien por la falta de crítica interna o la poca afiliación política, por parte de quienes dirigen los partidos políticos, para corregir todo este tipo de alteraciones y actitudes, que garantice a la ciudadanía una percepción diferente de aquellos que van a ser sus representantes.

Sin embargo debemos tener claro, de acuerdo con nuestros intereses sociales, que la abstención, en la próxima cita electoral, no es el camino para solucionar estas u otras condiciones políticas y menos aún para borrar los últimos acontecimientos de la vida municipal, antes al contrario, debemos comprometernos activamente en apoyar masivamente a aquellos partidos políticos que todavía nos merezcan una cierta confianza puesto que, de lo contrario, aquellos electores que tienen ideas preconcebidas seguro que van a hacerlo y nos colocaran un gobierno que luego podríamos lamentar, como lamentamos el presente, precisamente por la dejación de quienes piensan que no merece la pena ir a designar a ninguno de los partidos políticos. Aquellos que así opinan deben saber que la nominación en blanco, es otra forma de ejercer nuestro derecho, al tiempo que se recrimina a los partidos políticos y sus representantes, de forma verificable, para que cambien las políticas de bajo perfil así como que destierren de la vida social y política estos hábitos y de este modo vitalizar entre todos la vida democrática.
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OBSESIÓN POLÍTICA.

La falta de un Reglamento Municipal que regule los usos y espacios de todos los edificios sociales que están al servicio de todos los ciudadanos, de acuerdo con unos criterios objetivos que dé cumplimiento a la ley de asociacionismo, es lo que provoca lo que viene sucediendo desde hace ya varios años con la asociación de vecinos de las Huesas. Esta falta de definición induce a que los gobiernos municipales, sean estos u otros, intenten estrangular a cualquier asociación por el solo hecho de no ser de su cuerda política, olvidándose que ese patrimonio público es de todos los ciudadanos y que en ningún modo se puede gestionar estos locales de acuerdo con el criterio personal del concejal de turno y por tanto desde una posición de poder.

De igual forma las asociaciones vecinales debemos entender que las asociaciones que se creen en un barrio deben tener cabida en el edificio que el Ayuntamiento tenga destinado, en ese u otro ámbito cercano, siempre y cuando las zonas comunes no se reduzcan ni pierdan la finalidad para que su desarrollo no se rompa, zonas que en todo caso, deben estar destinadas a las asambleas y actividades de estos afiliados u otras asociaciones y sus afiliados en el futuro.

En el caso de la asociación de vecinos de las Huesas no se cuestiona el que otras asociaciones puedan tener cabina en ese recinto, lo que se viene discutiendo es que con la pretensión de la Concejalía de Participación Ciudadana, de dar ubicación a una asociación en zonas comunes, se va a infrautilizar todo el local y consiguientemente se cercena los fines y desarrollo para los que han sido creado.

Si esto es así, debemos preguntarnos donde tienen el sentido común y de justicia de aquellos que nos gobiernan, pues creemos que es más fácil empezar por elaborar un Reglamento, consensuarlo con los partidos políticos y asociaciones vecinales, de tal forma que tengamos unas reglas que nos puedan servir a todos.

La autoridad se pierde cuando se intenta imponer medidas de fuerza o poder que no están establecidas ni respaldadas por ningún órgano democrático de esa corporación, como es el caso que nos ocupa, por ello, hasta tanto no se apruebe el citado Reglamento, debe continuarse con los usos y costumbres que se han venido utilizando para estos locales, tal y como se predice en la propia Ley.

Continuar insistiendo sobre esta materia, por la mencionada Concejalía de Participación Ciudadana, no sólo afirma su intolerancia política que cuestiona el diálogo que debe existir entre la administración local y la participación ciudadana, sino que además perjudica a su propia formación política que, a sesenta días de las elecciones, van a tener que pedir el voto a esos mismos ciudadanos a los que ahora pretenden discriminar.
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INCONGRUENCIA SINDICAL O FALTA DE CLARIFICACIÓN.

Me ha llamado la atención que la secretaria del principal sindicato de la Comunidad Autónoma, en el Canarias7 de fecha 18 de marzo, manifieste que los bajos salarios son como consecuencia de la poca cualificación, donde, además en Canarias, se trabaja mucho pero se cobra poco. Estas afirmaciones, con las que personalmente puedo estar de acuerdo, se vienen realizando desde que se realizó el I Pacto de Formación Continua en 1992, sin que hasta la fecha estas organizaciones sindicales hayan sido capaces de solucionarlo, que son, en todo caso, las que tienen que orientar las medidas de presión o negociación para superar esa situación laboral en esta Comunidad, pues no debemos olvidar que estos conceptos (cualificación profesional, jornada laboral y salarios) son instrumentos de la negociación colectiva, tanto desde la representación sectorial con las empresas como desde la general con el gobierno central o autonómico.

Los verdaderamente afectados son aquellos trabajadores que se gobiernan por el Estatuto de los Trabajadores y como todos sabemos son derechos mínimos, que no les afecta al convenio colectivo donde tengan ampliado sus derechos laborales. En este sentido no he visto que los sindicatos hayan planteado ninguna iniciativa, para mejorar estas condiciones laborales a nivel nacional y modificar el citado Estatuto, ni tampoco un pacto por el empleo, la formación y la prevención de los accidentes laborales con el gobierno autónomo y los empresarios canarios, que por un lado reduzca las tasas del paro y por otro se pueda garantizar la formación y la seguridad en la pequeña empresa.

La Fundación para la Formación Continua (Forcem), fundada en mayo de 1993, nació con el Acuerdo Nacional de Formación Continua y el Acuerdo Tripartito firmados entre representantes de los sindicatos, la patronal y la administración en 1992 y renovados en 1996 hasta la fecha, con el objetivo de impulsar la formación continua entre los trabajadores ocupados y desempleados.

El órgano de gobierno de la fundación está integrado por ocho miembros de UGT, CCOO y CIG (confederación gallega) y por otros ocho representantes de las patronales CEOE y CEPYME. Es el Instituto Nacional de Empleo (Inem) el que gestiona en última instancia todo el dinero destinado a la formación continua por decisión del gobierno. Los presupuestos de la Forcem se nutren del 0,7% de todas las nóminas de los trabajadores y de fondos comunitarios. Estas cuantías han ido evolucionando desde los 10.895 millones invertidos en 1993 en estos programas a los 130.000 millones del año 2004.

Cuando se participa gestionando una fundación para la formación Continua, como la expresada más arriba y se dice que existe poca cualificación profesional es que algo está fallando en la propia fundación (sindicatos, empresarios y gobierno), bien porque los cursos no son los adecuados, porque no llegan a todos los que los necesitan o porque llegan pocos recursos a la comunidad. En cualquier caso habría que manifestar donde está la causa para que no se materialice la cualificación, puesto que de lo contrario no se puede entender que, una organización sindical, siendo parte para solucionar un problema de formación la convierta en denuncia como falta de cualificación.

Otra cosa bien distinta, es que la mayoría de las empresas requieran o demanden trabajadores que, con independencia de su formación o cualificación, se les contrate con una categoría laboral de baja cualificación y consecuentemente se encuadren en un grupo inferior en la afiliación de la Seguridad Social.
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POR UN GOBIERNO PROGRESISTA COMPROMETIDO CON LOS CIUDADANOS DE TELDE.

A pesar de la ausencia de gestión municipal en estos últimos cuatro años, las presuntas irregularidades, las continuas broncas, crispaciones y también la judicialización de la vida política en las que la mayoría del gobierno municipal ha sumido a la ciudad de Telde, lo único que se percibe en la sociedad es la resignación e indignación en general y los enfrentamientos entre pequeños grupos mediáticos o de ciudadanos partidarios de unos u otros partidos. Sin embargo, no existe ninguna corriente de pensamiento mayoritaria que nos ilusione hacia un verdadero cambio social, político y económico, que nos haga pensar que en la primavera del 2007, se pueda dar las condiciones para realizar el cambio pendiente que se reclamaba por los ciudadanos antes de las elecciones del año 2003.

Pensar que el gobierno que salga elegido en el mes de Mayo del año 2007 lo va hacer mejor, que el actual gobierno municipal, no es argumento suficiente para convencer a la gran mayoría de sus habitantes, que están esperando que se produzca el tan esperado cambio que necesita la ciudad de los Faycanes. Provocar una transformación en las conciencias para convencer de que es posible otras políticas necesita de un tiempo informativo y explicativo extra.

Le corresponde a la oposición, fundamentalmente a los partidos de izquierdas, que son los llamados a situar esta ciudad en este siglo, plasmar en el tejido social una corriente de opinión e ilusión y de verdadero cambio, para ello se necesita dos condiciones imprescindibles: liderazgo social y compromisos que se expliquen y traduzcan en sus programas de gobierno, de aquellos aspectos fundamentales que supongan poner las bases para situar a la ciudad y sus ciudadanos en este siglo y no voluntarismos personales y propagandísticos, pues, de lo contrario, estarán condenados al fracaso y continuar criticando al gobierno que salga en las próximas elecciones municipales.

Por ello, es necesario que este proceso sea liderado por partidos de izquierda, con programas concretos y personas solventes que puedan llevarlo a efecto, de tal manera que no existan sombras de ningún tipo que altere esta posibilidad de cambio, tan necesario para esta ciudad. Del mismo modo, es necesario romper recelos pasados, que siguen existiendo, y se capte el voto progresista, en la confianza y credibilidad que puedan ofrecer las personas, que representan a los partidos políticos, pues son éstas, las que hacen que las ideas en los partidos evolucionen o por el contrario involucionen y se conviertan en reaccionarias y sectarias. No en vano las personas progresistas son idealistas por naturaleza, pero además pragmáticas y necesitan conocer si va a existir cambios reales en las formas y en el fondo, o por el contrario de lo que se trata es de cambiar unas personas por otras.

En este sentido, parece claro, que para conocer de forma clara y precisa la tendencia que se vaya a programar en la ejecución de infraestructuras, de los futuros proyectos sociales de la ciudad, será necesario establecer plazos razonables para su ejecución y, al objeto de conocer el estado económico del municipio, en la medida que existe un endeudamiento de las arcas municipales, debe darse por sentado que se solicitará una auditoria externa, que certifique, valore y confirme objetivamente el estado económico y patrimonial del Ayuntamiento, que sirva para verificar dichos plazos de ejecución y al mismo tiempo impida disputas políticas posteriores.

Sin embargo existen otras políticas, no económicas, que no necesitan de tal elemento y que están dentro de lo que es la voluntad política, el sentido común, la ética y el deber social. Es aquí donde, se puede y se debe establecer, un programa de gobierno, que garantice con claridad, si las políticas sociales, económicas y medioambientales van a estar participadas por los órganos de representación ciudadana; si el municipio va a contar con su propia Agenda 21 en el próximo mandato y, si la misma va estar consensuada con los agentes sociales y económicos, antes de formar parte de la política municipal; determinar las políticas de suelo que van a proponer, para los jóvenes y necesitados de la ciudad, así como las políticas sociales para los más necesitados, por poner sólo unos ejemplos.
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¿QUÉ INTERESES SE ESCONDEN PARA NO EJECUTARSE LA PLAZA PÚBLICA DE TALIARTE?

En relación con la ejecución de la obra destinada a la construcción de una plaza pública en el barrio de Taliarte en la Playa de Melenara, sobre una superficie de 2.900 m2, con fecha 7 de febrero del presente año, distintos medios de comunicación, informan sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del M. I. Ayuntamiento de Telde, celebrada el día 19 de enero pasado, por la que se acuerda destinar los créditos aportados por el Cabildo Insular de Gran Canaria para financiar dicha obras en los años 2006 y 2007 a mejorar infraestructuras en otros barrios del municipio, sin que la noticia venga acompañada de las razones del cambio de destino de lo fondos. Por ello, desde la asociación que presido hacemos públicas las siguientes reflexiones.

¿Qué ocurre con el acuerdo de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del M. I. Ayuntamiento de Telde en relación con el expediente nº 1278/02, relativo a la construcción de la plaza indicada? ¿Por qué desde las distintas Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Telde no se ha dado respuestas a los distintos escritos de esta asociación (nueve) desde septiembre de 2004, recabando información sobre la ejecución de dicha plaza, a la vez que solicitando documentación en relación al convenio en virtud del cual se aprobó la Unidad de Ejecución 57, expediente 2286/1997 y se construyen 69 viviendas unifamiliares y un local comercial en el citado barrio del que forma parte el referido equipamiento social?

¿Por qué por la Concejalía de Obras Públicas y Contratación, con fecha 27 de diciembre de 2005, se saca a información pública el proyecto para la ejecución de la obra de la referida plaza, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de fecha 30 de noviembre de 2005?

¿Por qué se han encargado los proyectos, se han abonado los correspondientes honorarios y no se ejecutan las obras?

¿Por qué al día de la fecha en la página web del M. I., Ayuntamiento de Telde, la citada obra figura dentro de apartado de Contratación como obra adjudicada con dos anualidades?.

¿Por qué no se da cumplimiento al acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2006, donde todos los grupos políticos apoyan la inmediata ejecución de dicho equipamiento social?

Pues no podemos entender que cuando se tiene el dinero para su ejecución, cuando el proyecto ha salido a exposición pública y cuando existe un mandato del pleno del Ayuntamiento para que se realice la mencionada plaza, ahora digan que se le da de baja.

Ante tantas dudas que plantea las cuestiones reseñadas, solicitamos que los actuales responsables políticos aclaren a los vecinos de Taliarte las razones que justifican dar de baja la ejecución del proyecto de la referida plaza pública. ¿Por qué no se facilita la documentación solicitada y se clarifica la situación?.

Por ello nos preguntamos qué interese se esconden para que no se ejecute la tan citada obra social.
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¿QUÉ SIGNIFICA CORRUPCIÓN? ... RESPONDÍA EL ALCALDE DE TELDE.

En la entrevista que le hacían al nuevo Alcalde de este municipio, el pasado lunes en una radio local, el edil en aquello que es importante para conocimiento de la sociedad, en vez de contestar las preguntas que le hacía el locutor de esa emisora de radio y argumentar sus respuestas para, de esa forma, informar y tranquilizar a la sociedad a la que se dirigía, reformulaba la pregunta sobre qué entendía el presentador sobre lo aquello que preguntaba, en concreto la corrupción.

No es la mejor carta de presentación ante la sociedad la que hizo el regidor municipal, al plantearse un ataque al mensajero como su mejor defensa, después de lo que ha llovido en esta ciudad sobre las presuntas corrupciones, sino contestar a todas y cada una de las preguntas, o no asistir a esa entrevista, sino tiene los argumentos para defender y justificar su posición, pues debería saber que las preguntas que le hacía, el responsable de este medio de comunicación, son las mismas que se hace la gran mayoría de la población y a las que tiene derecho a saber, dado que hasta la fecha no han sido contestadas. Como quiera que no disponemos de un diccionario a mano tampoco vamos a definir esa pregunta, sin embargo, como hace poco y a raíz de los primeros escándalos políticos, muchas personas hemos tenido la oportunidad de releer a Aristóteles, con sus obras referidas a la Ética a Nicómaco y Ética a Eudemo, con ello hemos conseguido clarificar la pregunta de aquello que no es corrupción.

No es intención con estas líneas dar lecciones de conocimientos a nadie y menos aún al primer concejal de nuestro municipio, cuando además todos podemos ir a beber de las mismas fuentes y sacar nuestras propias conclusiones. Pero no podemos dejar pasar por alto el que, ante preguntas que van dirigidas para información y conocimiento de la sociedad, nos contesten con respuestas que no son presentables, que nos abochornen o se nos tomen por paletos.

Dice Aristóteles que " la virtud se manifiesta en un doble aspecto: uno intelectual y otro moral; la virtud intelectual proviene en su mayor parte de la instrucción o educación, mientras que la virtud moral es hija de los buenos hábitos.

Ética y política están totalmente relacionadas en Aristóteles. La ética desemboca en la política y se subordina a ella, en la medida en que la voluntad individual ha de subordinarse a las voluntades de toda una comunidad. El bien es ciertamente deseable cuando interesa a un solo individuo; pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo o a un estado entero.

De ahí que la política y la ética se refieren ambas a la praxis humana, esto es, a las acciones que podemos realizar las personas y a la dirección que vamos a dar a nuestra voluntad y libertad. La diferencia subyace en que la ética es una práctica íntima, personal mientras que la política es la coordinación de muchas acciones y, por ello, en esta última hay que tener en cuenta la voluntad de los demás. Ética y política no son teorías como algunos creen, es un hecho que no hay que demostrar, pues todos los días tomamos opciones éticas o políticas porque no vivimos en soledad sino en comunidad.
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¿DE QUÉ MORAL NOS HABLA EL CONCEJAL DE URBANISMO DE TELDE?...

En estos días hemos podido informarnos a través de la prensa y otros medios de comunicación que el concejal de Urbanismo quiere llevar a los tribunales a Marcos Monzón, funcionario de este Ayuntamiento, por usurpación de funciones públicas al firmar éste un documento interno dando el visto bueno a un determinado trabajo, puesto que, según el concejal, esta persona tiene como categoría laboral la de peón y por tanto no debía firmar dicho documento.

Lo que no dice el citado concejal es que esta persona viene desarrollando trabajos de superior categoría, sin la diferencia salarial acorde a las funciones que desarrolla, desde hace siete u ocho años incluido todo el mandato de este gobierno municipal, firmando todas las remesas de material que necesita para el funcionamiento de su departamento.

Por tanto, el mencionado concejal era y es, presuntamente, conocedor de esa situación, pero es que, además, esta es una práctica bastante extendida en este Ayuntamiento por el hecho de no disponer de una Relación de Puestos de Trabajo que defina las funciones que deban desarrollar cada categoría laboral.

En cualquier caso, hay que decir que si se vienen desarrollando trabajos de superior categoría es porque a las partes les interesa y, en todo caso, en connivencia con la actual Corporación municipal, que es la que debería fiscalizar este tipo de prácticas.

Por ello debíamos preguntarnos que catadura moral tiene un personaje que, por un lado, asume que existe una situación anómala, como es ésta, y por otro intenta denunciar a aquellos que se han prestado a desarrollarla. Más aún, cuando hace bien poco, este mismo concejal se quejaba de que los funcionarios no querían firmar ningún documento.

Creemos que no existen precedentes en la vía judicial, tanto social como penal, que avalen las absurdas pretensiones del mencionado concejal de denunciar a un trabajador por el hecho de responsabilizarse del trabajo que se le ha encomendado. Sin embargo, es preocupante que por situaciones como las señaladas, cualquier trabajador se encuentre en un estado de indefensión y no se sienta arropado, como es el caso que nos ocupa, por todos los sindicatos sin excepción, puesto que este es un problema de todos los trabajadores, ni por la junta de personal, que es la que representa a todos y cada uno de los funcionarios de este ayuntamiento estén o no afiliados.

Como hemos podido observar, el problema de este funcionario no es laboral ni penal. Es un caso de persecución política, puesto que se ha significado desde una de las asociaciones vecinales a la que representa en el movimiento ciudadano y ha estado al frente de las distintas manifestaciones que han existido a lo largo de este último año.

De ahí que deba tener todo el reconocimiento y la solidaridad de todas las asociaciones vecinales no sólo como dirigente vecinal, sino como persona, por su talante afable y su constante predisposición a desarrollar su labor en esta institución municipal.
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NUEVAS IMPUTACIONES, ... MÁS DE LO MISMO.

No se puede entender que se reedite un pacto de gobierno que ha puesto en solfa a toda una ciudad y que afecta a todos sus ciudadanos, y menos aún cuando existía una oferta de apoyo tácito al nuevo gobierno de una parte importante de los grupos de la oposición. Sin embargo no se aprovecha esta oportunidad y, por el contrario, se prefiere optar por un pacto que, desde sus inicios, sólo ha servido para crispar la vida política y social y no para lo que fueron mandatados.

No se puede entender que no hayan sido capaces de dialogar con las fuerzas políticas de la oposición para buscar y encontrar los apoyos necesarios hacia un gobierno de transición que permita realizar aquellas políticas urgentes y sin sobresaltos que necesita la ciudad, sabiendo como sabían que conformar un gobierno, como el anterior, que difícilmente vayan a encontrar apoyos de ninguna naturaleza por parte de la oposición.

Apostar por un gobierno de similares características que el anterior, teniendo en cuenta que los antecedentes del llamado caso Faycán no han finalizado y, que además, existe información de que el denominado caso Doramas está en marcha según la prensa, que es muy predecible que les explote en plena campaña electoral, no se entiende esa reedición del pacto político.

Ya se sabe cuando se desconocen las causas que origina un problema, es imposible controlar o modificar sus efectos y eso es lo que le ocurre a este gobierno municipal que, como presuntamente desconocen el alcance y profundidad de la situación creada, por la atípica gestión imprimida por el responsable del anterior gobierno, no están en condiciones de saber cual es la situación real del citado problema y poder garantizar, a los ciudadanos, que se va a gobernar sin sobresaltos e intentar normalizar la vida política y social.

Con estos antecedentes parece razonable pensar que no sólo les va hacer imposible separar la acción del nuevo gobierno de las presuntas corruptelas, sino que no finalice el mandato y las acciones previstas, cuyas consecuencias ya las hemos visto esta semana con la detención e imputación de uno de sus directores de gobierno propuesto.

Por ello, y a la vista de estas reflexiones dudamos que esto pueda ser así. No obstante, gracias a nuestro sistema democrático, las personas tienen todo el derecho a intentar solventar la situación y a equivocarse, pero nunca en detrimento de los ciudadanos, que son, en definitiva, los que padecen en primera persona esta situación.
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POR UN GOBIERNO PROGRESISTA COMPROMETIDO CON LOS CIUDADANOS DE TELDE.

A pesar de la ausencia de gestión municipal en estos últimos cuatro años, las presuntas irregularidades, las continuas broncas, crispaciones y también la judicialización de la vida política en las que la mayoría del gobierno municipal ha sumido a la ciudad de Telde, lo único que se percibe en la sociedad es la resignación e indignación en general y los enfrentamientos entre pequeños grupos mediáticos o de ciudadanos partidarios de unos u otros partidos. Sin embargo, no existe ninguna corriente de pensamiento mayoritaria que nos ilusione hacia un verdadero cambio social, político y económico, que nos haga pensar que en la primavera del 2007, se pueda dar las condiciones para realizar el cambio pendiente que se reclamaba por los ciudadanos antes de las elecciones del año 2003.

Pensar que el gobierno que salga elegido en el mes de Mayo del año 2007 lo va hacer mejor, que el actual gobierno municipal, no es argumento suficiente para convencer a la gran mayoría de sus habitantes, que están esperando que se produzca el tan esperado cambio que necesita la ciudad de los Faycanes. Provocar una transformación en las conciencias para convencer de que es posible otras políticas necesita de un tiempo informativo y explicativo extra.

Le corresponde a la oposición, fundamentalmente a los partidos de izquierdas, que son los llamados a situar esta ciudad en este siglo, plasmar en el tejido social una corriente de opinión e ilusión y de verdadero cambio, para ello se necesita dos condiciones imprescindibles: liderazgo social y compromisos que se expliquen y traduzcan en sus programas de gobierno, de aquellos aspectos fundamentales que supongan poner las bases para situar a la ciudad y sus ciudadanos en este siglo y no voluntarismos personales y propagandísticos, pues, de lo contrario, estarán condenados al fracaso y continuar criticando al gobierno que salga en las próximas elecciones municipales.

Por ello, es necesario que este proceso sea liderado por partidos de izquierda, con programas concretos y personas solventes que puedan llevarlo a efecto, de tal manera que no existan sombras de ningún tipo que altere esta posibilidad de cambio, tan necesario para esta ciudad. Del mismo modo, es necesario romper recelos pasados, que siguen existiendo, y se capte el voto progresista, en la confianza y credibilidad que puedan ofrecer las personas, que representan a los partidos políticos, pues son éstas, las que hacen que las ideas en los partidos evolucionen o por el contrario involucionen y se conviertan en reaccionarias y sectarias. No en vano las personas progresistas son idealistas por naturaleza, pero además pragmáticas y necesitan conocer si va a existir cambios reales en las formas y en el fondo, o por el contrario de lo que se trata es de cambiar unas personas por otras.

En este sentido, parece claro, que para conocer de forma clara y precisa la tendencia que se vaya a programar en la ejecución de infraestructuras, de los futuros proyectos sociales de la ciudad, será necesario establecer plazos razonables para su ejecución y, al objeto de conocer el estado económico del municipio, en la medida que existe un endeudamiento de las arcas municipales, debe darse por sentado que se solicitará una auditoria externa, que certifique, valore y confirme objetivamente el estado económico y patrimonial del Ayuntamiento, que sirva para verificar dichos plazos de ejecución y al mismo tiempo impida disputas políticas posteriores.

Sin embargo existen otras políticas, no económicas, que no necesitan de tal elemento y que están dentro de lo que es la voluntad política, el sentido común, la ética y el deber social. Es aquí donde, se puede y se debe establecer, un programa de gobierno, que garantice con claridad, si las políticas sociales, económicas y medioambientales van a estar participadas por los órganos de representación ciudadana; si el municipio va a contar con su propia Agenda 21 en el próximo mandato y, si la misma va estar consensuada con los agentes sociales y económicos, antes de formar parte de la política municipal; determinar las políticas de suelo que van a proponer, para los jóvenes y necesitados de la ciudad, así como las políticas sociales para los más necesitados, por poner sólo unos ejemplos.
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DE LA ILUSIÓN POR UN CAMBIO POLÍTICO,
A LA AGONIA MÁS DESESPERANTE.

Si analizamos los cuarenta y tantos meses de gobierno de la mayoría gobernante, desde la perspectiva ciudadana, hemos podido comprobar que entre su discurso y su praxis no ha existido, ni existe relación alguna, pues, han venido utilizando el victimismo como fórmula para esconder o evadir su incapacidad de gestión y la descalificación frente a los hechos que se pretenden evidenciar. No ha pasado un solo día, desde sus inicios, que este gobierno nos haya dejado de sorprender, por su capacidad para enmarañar y ensuciar las relaciones democráticas y consecuentemente hayan colocado a la institución municipal y a sus ciudadanos en el mayor de los ridículos sociales.

Parecería como si quisieran desconocer que, en la política como en la vida cotidiana, la credibilidad personal o colectiva, se adquiere dependiendo que nuestros hechos o acciones sean coherentes con nuestras palabras, de lo contrario no tienen ningún valor, ni tampoco quien las pronuncia, pues precisamente, la palabra adquiere su verdadera dimensión y fuerza cuando quién la pronuncia piensa, dice, hace y además siente aquello que ha propuesto y este es uno de los problemas de la mayoría gobernante, que dice una cosa y hace otra muy distinta, aunque eso si, piensan que los demás están equivocados.

De las promesas de la transparencia pasaron a la practica de la opacidad donde la oposición política no ha estado representada en las distintas comisiones de trabajo y empresas municipales, con lo que no han podido fiscalizar la labor de gobierno, donde las relaciones políticas con la institución son inexistentes y sólo están basadas para dar información sobre las imputaciones habidas. Así mismo las relaciones con los Sindicatos son prácticamente nulas y las pocas que han habido sólo han servido para incumplir los acuerdos a los que habían llegado.

Del mismo modo, se podría señalar lo que ha venido sucediendo con la mayoría de las Asociaciones Vecinales, donde no sólo, no han sido capaces de encauzar y coordinar la participación ciudadana, sino que por el contrario, han intentado dividirlas y estrangularlas por criticar libremente determinas actitudes o situaciones con las que no estaban de acuerdo, lo cual demuestra el carácter sectario de este gobierno. Se puede decir que ni siquiera se molestan en contestar los distintos escritos, de los problemas de los barrios, que realizan las distintas asociaciones vecinales, sin embargo si se molestan en criticar, descalificar y desacreditar a las mismas cuando estas se manifiestan públicamente por el hecho de tener "criterio político" sobre la realidad social, al margen de la afiliación o tendencias políticas que las personas podamos tener.

Aunque no suscribamos el contenido de todos y cada uno de los reglamentos elaborados y aprobados, al amparo de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (conocida como Ley de Grandes Ciudades), desde el pasado 13 de Febrero de este año, hasta la fecha, los vocales elegidos a los distintos foros, no han sido ratificados en el Pleno municipal, con lo que es previsible que ni siquiera se pongan en marcha en este mandato, los distritos y los consejos sociales de la ciudad para la participación ciudadana, si tenemos en cuenta la periodicidad de las reuniones de estos cauces democráticos.

Si esto es así, no podemos pensar que todos los partidos políticos de la oposición, los sindicatos con representación institucional y la mayoría de las asociaciones vecinales estén confabulados para criticar al gobierno municipal sin unos argumentos sólidos que los justifiquen. Más bien debemos creer que este gobierno, no sólo ha tenido dificultades para crear un equipo de gobierno, de coordinación entre áreas o concejalías y de prioridades sociales, sino también carencias, de aptitudes para desarrollar sus funciones, de diálogo con los agentes políticos y sociales, que en definitiva se concretan en una falta absoluta de credibilidad política. La consecuencia de todo lo anterior ha hecho posible que no hayan sido capaces en diferenciar entre las responsabilidades individuales y las colectivas, en el llamado caso Faycan, para clarificar políticamente esta situación y poner a salvo la institución municipal.

Es más, no conforme con todo este estado de cosas, toman el camino de judicializar la política enfangándola de tal forma que la sociedad pueda pensar que todos los políticos son iguales, apoyándose posiblemente en aquel famoso refrán que dice... a río revuelto ganancias de pescadores. Con lo que debemos presagiar que los próximos meses la ciudad será irrespirable tanto desde el plano político como desde el social, en cuyo marco será imposible exponer y visualizar un nuevo proyecto político y votar en unas condiciones objetivamente aceptables.

Cuando observamos que en vez de rectificar y corregir su política, si es que la tienen, y por lo menos aparentar ser coherentes, entre lo que dice y hacen, ante la opinión pública, continúan errando y dando saltos al vacío, lo que nos hace reflexionar que a este gobierno le sobra autocomplacencia, autosuficiencia, prepotencia y ramalazos de autoritarismo y sin embargo le ha faltado tolerancia, autodisciplina, coherencia y capacidad de reflexión. Lo que me trae a la memoria una frase de Umberto Eco en su libro "el nombre de la rosa" que dice... muchas veces los sabios de estos nuevos tiempos sólo son enanos subidos sobre los hombros de otros enanos.
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CUÁNDO SE VAN A CREAR LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

A pesar de las promesas del Sr. Valido, como Alcalde de este municipio para poner en marcha los órganos de participación ciudadana, y a pesar de que algún concejal se auto-nombró, antes incluso de que los reglamentos estuvieran aprobados, la realidad es que de momento desconocemos el calendario que se pretende establecer para poner en funcionamientos estos órganos.
No es aceptable demorar por más tiempo la creación del Consejo Social de la Ciudad y las Juntas municipales de Distritos, que aún no están funcionando después de cuatro meses de la aprobación de los Reglamentos Orgánicos correspondientes, puesto que ahora no depende de la voluntad política, sino cumplir con la Ley que el grupo de gobierno se ha dado a sí mismo y a todos los ciudadanos, que está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según su Disposición Final Única.
Ahora no cabe dilatar más la puesta en marcha de estos foros, puesto que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos; los derechos a participar en los órganos previstos, los derechos a emitir sus opiniones en materias de desarrollo económico social, en planes estratégicos como el PGOU, en el seguimiento de los planes de desarrollo en los distritos o en las reclamaciones de sus habitantes. Por ello, instamos a los partidos políticos a denunciar esta situación en el Pleno del Ayuntamiento, lugar donde las reivindicaciones de sus habitantes deben ser escuchadas y atendidas.
No creemos que este retrazo tenga nada que ver con la manifestación ciudadana del pasado 12 de Mayo, si bien es verdad que han dejado pasar el tiempo sin que exista una voluntad clara para reconducir esta situación. Sin embargo, esta circunstancia contrasta con las prisas para elegir a los vocales de las juntas de distritos, una vez que fueron aprobados los reglamentos, más aún, cuando se conoce también los nombramientos de los Presidentes de las citadas Juntas Municipales.
Tampoco creemos que esta tardanza haya que buscarla en la situación económica del municipio puesto que, los vocales en los mencionados órganos, no van a cobrar por realizar la labor de control y garantes en las demarcaciones municipales.
Creemos que este Gobierno Municipal no se ha caracterizado precisamente por reconocer el movimiento asociativo, como una realidad transformadora de la sociedad que está amparada por nuestra Carta Magna, sino por dividirlo como ha quedado demostrado. Un Gobierno Municipal que sólo se ha reunido con las Asociaciones Vecinales, por la presión de estas, en relación con la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, a las que se intentó descalificar, y se continúa descalificando, sólo hay que acudir a las hemerotecas. Todo ello demuestra el talante y el talento de este Gobierno Municipal para entender o concebir el asociacionismo y la democracia participativa.

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LAS MANIPULACIONES POLÍTICAS.

Después de la manifestación del pasado viernes, a la que no acudió todas las personas que seguramente están en desacuerdo con la situación actual, conviene realizar una reflexión sobre las manipulaciones que se han realizado en este municipio.
Por intereses políticos, generalmente desde el gobierno de turno, se ha utilizado, una vez más, al movimiento ciudadano como el enemigo al que hay que golpear y dividir, porque no están de acuerdo con una situación objetiva que viene ocurriendo en el Ayuntamiento de este municipio, incidiendo en la idea que los colectivos están conducido desde otros partidos políticos. Sin embargo, cuando esos mismos colectivos ciudadanos están de acuerdo con lo que propone el gobierno, es un movimiento ejemplar y necesario para la vertebración de la sociedad. Esto demuestra la manipulación política que han trasladado a la sociedad.
Con este maniqueísmo juegan los partidos políticos que anteponen sus intereses de partido, porque saben que pueden dividir a la sociedad; apelando a sus sentimientos, amistades, favores, e incluso al qué dirán, ante cualquier problema de difícil justificación, para conseguir los fines propuestos y se olvidan que son ellos los que tienen que dar ejemplo y ser ejemplarizantes, con sus conductas y acciones para con la propia sociedad.
Continuarán utilizando a la sociedad con estas corrientes de opinión, puesto que no les interesa que el movimiento ciudadano crezca, se desarrolle y que como organización independiente, tome aquellas medidas o acciones que crean en cada momento, porque les provoca pánico que puedan existir órganos independientes que no estén controlados por la acción política. Esto queda confirmado en el reglamento de las Juntas municipales de Distritos que ha aprobado recientemente el gobierno municipal, al amparo de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, donde la mayoría de los vocales, los ponen los partidos políticos y donde las asociaciones vecinales tan solo pueden elegir, democráticamente, dos de esos vocales en cada uno de los distritos, el resto de asociaciones cívicas especializadas en otros temas, ni siquiera están representadas. Si eso es así, debemos preguntarnos, quién manipula a quién...
Esto demuestra, claramente, que no creen en la democracia participativa, o mejor dicho, necesitan que la democracia participativa, como mal menor, esté controlada y sirva a sus propios intereses. Pero también pudiera demostrar que la democracia representativa no tiene argumentos frente a la democracia participativa, o dicho de otro modo, están acostumbrados sólo pedir el voto pero no a escuchar los argumentos de sus ciudadanos, pues de otro modo no se concibe, que los citados distritos vayan a estar tan politizados, si todos queremos el bien general de nuestros barrios.
Cuando la sociedad está cada vez más informada y mucho más formada, que las generaciones precedentes, no existen razones objetivas, para permitir ser correas de transmisión de ninguna organización política como se sugiere. Sólo se puede comprender por el déficit de convicciones sociales y o políticas y desde ese punto de vista sería mucho más fácil predicar con el ejemplo; es decir, defender los valores éticos, la coherencia, la comunicación con los ciudadanos, resolver sus problemas y sus inquietudes, para convencer políticamente, a través de la práctica, como mecanismos ejemplarizantes y de este modo dignificar a los ciudadanos, de esta ciudad, como es el municipio de Telde. No se debe hablar de Gran Ciudad Política cuando lo que se pretende es instrumentalizar la vida política, vapulearla y poner las instituciones en el disparadero, puesto que la Ley que la regula lo que pretende es sacarla de la gestión aldeana y para ello es necesario que sus gobernantes estén a la altura de las circunstancias.
Parece claro que los partidos políticos, que se puedan presentar a las próximas elecciones, lo tienen muy difícil para convencer al electorado, si no erradican de la vida política: la prepotencia, la manipulación, el sectarismo; y por el contrario recuperan la ética, la renovación de las personas y los proyectos políticos para desarrollar y situar en el lugar que le corresponde, por derecho propio, a esta ciudad en los próximos cuatro años.
Los partidos políticos deben saber que la sociedad está cansada de falsas promesas, de políticos anodinos, alejados de los verdaderos problemas que tiene la sociedad y que con facilidad se olvidan que son nuestros delegados políticos al servicio de todos sus ciudadanos.


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AQUELLA FAMOSA FRASE, DE AZNAR

Recuerdo aquella famosa frase de Aznar, espetándole a Felipe González, de ¡Váyase Sr. González!, por considerarlo responsable de los escándalos de corrupción en el gobierno de aquel entonces. Las elecciones anticipadas fueron la consecuencia de aquellos tiempos turbulentos.
En este municipio, a pesar de las detenciones e imputaciones que existen en estos momentos, la mayoría gobernante, no sólo no ha tomado las iniciativas políticas tendentes a garantizar una nueva mayoría de gobierno, presentable éticamente, a la sociedad que garantice la gobernabilidad de la ciudad, sino que, además, no están en condiciones de garantizar que existan nuevas detenciones.
Lo que parece mucho más grave es lo que ha manifestado el regidor municipal: el capitán es el último en abandonar el barco. Cuando ese barco es la ciudad de Telde, y cuando se trata de presuntas corrupciones, no se puede insinuar que quedarse es un acto heroico; todo lo contrario: es un acto que no debe estar dentro de la conducta que pretende presidir la política, y, por esta razón, debería ser el primero en abandonar el citado barco. Éste sería un ejemplo de dignidad política. Por tanto, parece obvio que lo que debería hacer el primer edil es dimitir y no permanecer, ni un minuto más, dirigiendo los intereses del municipio para, de esta forma, facilitar que el Pleno Municipal busque una fórmula que permita la conformación de un nuevo gobierno, aceptable para todos los ciudadanos, que pueda garantizar la gobernabilidad hasta las próximas elecciones municipales.
La sociedad no necesita de valedores, puesto que el Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes para no depender de salva-patrias, como se pretende interesadamente con una actitud impropia de estos tiempos. Lo que necesitan los habitantes de esta jurisdicción es un gobierno que dé estabilidad a la sociedad, y que no agite y deteriore la vida social y política del municipio como viene ocurriendo.
Da la impresión de que lo que intenta este gobierno es ganar tiempo, pensando que su partido político sufrirá mucho menos deterioro desde el gobierno que dimitiendo, como corresponde en política, a sabiendas de las tantas irregularidades que tienen encima de su despacho; cuestión en la que se equivocan radicalmente, puesto que no está en su decisión controlar el que puedan existir más detenciones e imputaciones en los próximos meses.
Por esa misma razón no van a encontrar apoyo político en las fuerzas de la oposición para seguir gobernando, no porque haya una o más personas involucradas, sino porque no han sabido gestionar la crisis y porque desconocen la profundidad del problema en el que están metidos.
El próximo día 12 de mayo está convocada, por las asociaciones vecinales, una manifestación social para exigir al regidor municipal, su ¡dimisión!, dado que es el máximo responsable político de la situación creada en el Ayuntamiento. Dicha manifestación ha sido solicitada a la Delegación del Gobierno y, por tanto, será legal. Todas las personas, partidos políticos y asociaciones cívicas, que no estemos de acuerdo con lo que está sucediendo, en esta ciudad, tenemos la oportunidad de hacer patente nuestra repulsa.
Tomando prestada aquella célebre frase de su Presidente, con el mayor de los respetos, este humilde ciudadano le dice: Váyase Sr. Valido. Y no siga poniendo en solfa las instituciones de esta ciudad.


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RECHAZAMOS
LA BASE NAVAL EN SALINETAS.

El pasado sábado uno de Abril, nos informamos a través de Canarias7, que el Consejo de administración de la Autoridad Portuaria, aprobó encargar un estudio económico sobre el posible traslado de la base naval a Salinetas.
Hemos dicho que, la zona de costa que corresponde al Municipio de Telde es pequeña y por tanto muy limitada, de ahí la necesidad que el Gobierno de Canarias y el Cabildo intervengan, para que se ordene o en su caso reordene este espacio, a fin de establecer su utilidad, que debe estar de acuerdo con intereses sociales y económicos del municipio, los criterios de actuación en consonancia con el espacio y el medioambiente para posteriormente desarrollar aquellos proyectos de calidad que no perjudiquen a los vecinos y a las futuras generaciones.
No queremos que, el complejo residencial de Salinetas, sea una bomba de Relojería donde, ya, existe un peligro potencial, con el hacinamiento de unos doce depósitos de carburante, de unos mil metros cúbicos cada uno, para que ahora nos pretendan imponer una Base Naval, que comporta mantener armas y explosivos en ese recinto. Al margen de la contaminación que acarrea una flota vieja y anticuada como la que tenemos, esta combinación explosiva de industrias puede provocar, en caso de un accidente, una onda expansiva de dimensiones sin precedentes.
Lo que realmente deberían hacer, la Autoridad Portuaria junto al Cabildo Insular y Gobierno de Canarias, es buscar un nuevo espacio para trasladar, lo antes posible, los mencionados depósitos de combustible y librarnos de un latente peligro a los ciudadanos de Telde. Lamentarnos después de un accidente, no es el camino para solucionar los problemas, sino poner los medios para garantizar la seguridad de sus habitantes.
Creemos que estas son razones de peso, más que suficiente, como para rechazar el planteamiento de la Autoridad Portuaria, pero además, una vez que la macro pista del Aeropuerto de Gando esté finalizada, sus efectos se harán sentir en toda la costa, de Salinetas, Melenara, Taliarte y Playa del Hombre, además de las Huesas y Calero bajo, donde está prevista una contaminación acústica cuyos valores críticos van a estar entre los 60 y 65 decibelios diurnos y entre los 45 y 55 decibelios nocturnos, de acuerdo con los mapas de ruidos facilitados por el Colectivo Turcón, Estos efectos contaminantes, son más que suficientes, para degradar no sólo la Playa de Melenara sino además los barrios que hemos enumerado más arriba.
Esta AV de Costa de Taliarte apoya al Alcalde del municipio, no sólo por actuar, la Autoridad Portuaria, a espaldas del Alcalde del municipio y por extensión de todos los habitantes de Telde, sino además, por los argumentos que hemos expresado más arriba.

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TESIS DOCTORAL: LA INSTITUCIÓN PARROQUIAL A TRAVÉS DE LOS REGISTROS CONTABLES DEL SEÑORÍO EPISCOPAL DE LA VILLA DE AGÜIMES (1500- 1860)

Autor: Candelaria Castro Pérez ((Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Director: Mercedes Calvo Cruz (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Tribunal:
Presidente: Esteban Hernández Esteve (Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, subdirector del Banco de España)

Vocales: Rafael Donoso Anes (Universidad de Sevilla)
Jorge Tua Pereda (Universidad Autónoma)
Santiago De Luxán Melendez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Secretario: Francisca Piedra Herrera (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Fecha de la defensa: 6 de junio de 2005
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad

RESUMEN

De acuerdo a nuestra afinidad con el enfoque positivista interpretativo en el marco de la Historia de la Contabilidad tradicional, hemos realizado nuestro trabajo de investigación, cuyo objetivo es estudiar unas fuentes primarias que desde el punto de vista contable no han sido tratadas con anterioridad, analizando en profundidad la variedad de libros, sus interrelaciones y su proceso contable, sin olvidar las interacciones que se producen entre la institución parroquial y su entorno.
Evidentemente, nadie pone en duda el papel político, económico, social y cultural que la Iglesia, como institución, ha jugado desde su nacimiento. Con el presente trabajo tratamos de resaltar y evidenciar la gran importancia que tiene la institución parroquial dentro de la Iglesia Católica, no sólo desde la perspectiva cristiana y evangelizadora, bajo la cual su misión principal puede decirse que es ofrecer ayuda a los necesitados -espiritual y material-, sino además desde el punto de vista económico, al ser una de sus principales fuentes recaudadoras de ingresos. También es nuestro objetivo analizar las figuras encargadas de su administración, el mayordomo parroquial y el colector, a través de la documentación contable recogida en el archivo parroquial y la normativa que regula a los citados administradores. Todo ello acompañado del estudio del proceso contable, para lo cual se utiliza la información que se obtiene de los diferentes libros, verificando la conveniencia o no del método contable empleado y su adaptación a los cambios en la institución parroquial. Ha resultado conveniente, además, analizar la incidencia del fenómeno de la desamortización eclesiástica en la parroquia, recurriendo a los libros contables de la citada institución. De igual forma, consideramos interesante conocer la influencia en la parroquia de dos instituciones claves en el conocimiento de la Iglesia y la sociedad en los años objeto de estudio, como son las capellanías y las cofradías, y sus correspondientes interrelaciones en el proceso contable.
En síntesis, el trabajo de investigación que se presenta trata de abordar la organización y gestión administrativa de la institución parroquial a través del estudio y análisis de los libros contables, la normativa aplicada, correspondencia y demás documentos relacionados con la administración de las parroquias, con el objeto de poner de manifiesto su estructura organizativa, el método contable aplicado, los cambios organizativos y su incidencia en los registros contables. Tomando para todo ello como ejemplo la institución parroquial de la Villa de Agüimes, que cuenta además con la peculiaridad añadida de pertenecer a un señorío episcopal.
Esto último es lo que justifica el periodo elegido para nuestro trabajo de investigación, desde 1500 hasta 1860, puesto que la información más antigua del archivo parroquial data de principios del siglo XVI y hemos finalizado en 1860 para dejar constancia del efecto en la institución parroquial del fenómeno de la desamortización eclesiástica y consecuentemente la extinción del señorío episcopal.
El tipo de investigación realizado se nutre de las características tanto de la investigación empírica, como sobre normativa y aspectos legales. Por tal motivo, nuestra investigación ha seguido los siguientes pasos:
- Recogida de la documentación primaria en los archivos parroquiales y en el Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas que, en definitiva, da sustancia y forma a la investigación. De las fuentes a las que hemos acudido, sobresale la documentación custodiada en el Archivo Parroquial de San Sebastián de Agüimes, por constituir el material más valioso y de mayor importancia informativa. Hemos de indicar que como consecuencia de la labor de indagación realizada se han obtenido gran cantidad de datos de tipo económico: percepción del diezmo, tributos, salarios, etc., que podrían utilizarse para confeccionar series de gran utilidad para los análisis de carácter histórico-económico. Ahora bien, decidimos centrarnos en los aspectos técnico-contables de la información y pospusimos el estudio de los datos histórico-económicos obtenidos de la documentación contable investigada para un trabajo posterior. No obstante, en ocasiones puntuales se ha estimado imprescindible ciertos planteamientos económicos, por su contribución relevante a las cuestiones estudiadas.
- Acopio de fuentes secundarias precisas, consultando las obras relevantes para su objeto: libros y artículos sobre epistemología y metodología de la Historia de la Contabilidad, investigaciones histórico-contables e histórico-económicas que podían aportar al trabajo, obras sobre la historia de la Iglesia española y sobre historia en general y diccionarios.
- Búsqueda de legislación en recopilaciones de leyes impresas y en dicha indagación nos ha llevado, en ocasiones, a la necesidad de encontrar los originales, en forma manuscrita, en otros archivos, como es el caso del Archivo Histórico del Museo Canario.
- Una vez dispuesta toda la información hemos procedido a su análisis, para de esta forma describir, analizar, explicar e interpretar los hechos, observando la evolución en el tiempo y las posibles discontinuidades que pudieran darse.
Por último, y antes de entrar en la exposición de la estructura del trabajo que presentamos, hemos de indicar que el principal motivo que nos ha llevado al estudio de este tema es observar la presencia de un vacío en las investigaciones contables sobre la institución parroquial y, más aún cuando el citado ente eclesiástico pertenece a un señorío episcopal. Bien es cierto que existen trabajos sobre la institución parroquial, desde el punto de vista de la historia en general y de la historia económica en particular, y, por ello, nos planteamos realizar un estudio más específico de la organización administrativo-contable de la institución parroquial y de dos entidades afectas a la misma, como son las capellanías y las cofradías. Sin olvidar que nuestro objetivo final ha sido poner de manifiesto la importancia que representa la Contabilidad de la institución parroquial para la Iglesia, al ser, desde el punto de vista económico, un ente encargado de la protección y gestión del patrimonio eclesiástico.
En cuanto a la estructura del trabajo de investigación que presentamos, hemos de indicar que ha sido divido en cinco capítulos, además de la introducción, que versan, respectivamente, sobre la Iglesia y el régimen señorial, en general, y sobre la Iglesia canaria y el señorío episcopal de la Villa de Agüimes, en particular; el marco legal y administrativo de la institución parroquial; los registros contables de la institución parroquial y su proceso contable; la fundación, administración y control de las capellanías; y el estudio económico-contable de las cofradías.
En el primer capítulo se abordan los principales aspectos de la sociedad canaria en el periodo objeto de análisis, a través del estudio de su organización territorial, los aspectos administrativos y sociales y la economía canaria, dentro del contexto general español. Asimismo, se analiza la estructura de la diócesis, donde se inserta la parroquia como institución fundamental en la historia de la Iglesia, al ser un factor aglutinador durante siglos de los pueblos y sus gentes, controlando la vida tanto espiritual como material de sus feligreses. Hacemos especial referencia al régimen señorial y concretamente al señorío episcopal de la Villa de Agüimes.
A continuación, en el segundo capítulo, se estudia la normativa que debía aplicarse a la institución parroquial contenida en las normas que emanan del Concilio de Trento, de los Sínodos diocesanos y de los mandatos del obispo cuando realizaba la inspección de la institución, al objeto de detectar su cumplimiento o no y las variaciones que ello pudiera ocasionar. Finaliza el capítulo con el estudio de las figuras encargadas de la administración y control de los bienes parroquiales, y de las personas necesarias para el mantenimiento y cuidado del templo parroquial y todos sus ornamentos. Con especial referencia a las figuras del mayordomo y del colector parroquial, a los cuales les dedicamos sus correspondientes apartados, al tener gran incidencia desde el punto de vista económico-contable.
En el capítulo tercero, una vez analizada la normativa aplicable a las cuentas de la fábrica parroquial, describimos el proceso contable seguido para su formación por el administrador parroquial, la rendición de las mismas por parte de la persona encargada de su elaboración, la censura que realiza el obispo de la diócesis y la evolución de las cuentas de la fábrica parroquial durante el periodo objeto de estudio, con la finalidad de relacionar las distintas partidas integrantes del Cargo y la Data con los cambios acaecidos en la institución –la escisión parroquial, la desamortización eclesiásticas, entre otros-. Posteriormente, se analizan los documentos auxiliares utilizados por el mayordomo y el colector que hemos considerado más relevantes desde el punto de vista económico-contable.
La fundación, administración y control de las capellanías creadas en la institución parroquial constituye el objeto del capítulo cuarto. Para ello, se comienza con su concepto, evolución histórica y finalidad. Se continúa con el estudio de la normativa aplicable a este tipo de fundaciones y la descripción de las figuras intervinientes en las mismas, exponiendo sus derechos y obligaciones. Asimismo, a través del estudio de los documentos contables que origina, se representa el proceso contable de la fundación, administración y control de las capellanías. Finalizamos este capítulo haciendo una referencia específica a los motivos que dieron lugar a la decadencia y extinción de las Capellanías, de forma general y particularizando para el señorío episcopal de la Villa de Agüimes.
Otra de las instituciones relevantes de las parroquias lo constituyen las cofradías, a las cuales se dedica el capítulo quinto. En el mismo se estudia el concepto, finalidad y normativa aplicable a esta institución. A continuación se realiza un análisis exhaustivo de las cuentas de la mayordomía de la cofradía, con la descripción del método contable utilizado, estructura y contenido de las cuentas, libros auxiliares que emplea el mayordomo de la cofradía y motivos que originaron su decadencia y posterior extinción.
Concluimos nuestro trabajo con un apartado donde presentamos las principales conclusiones obtenidas del estudio y análisis de la institución parroquial a través de sus registros contables, en el periodo considerado (1500-1860).
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LAS FORMAS Y EL FONDO DE HACER POLÍTICA EN TELDE.

Un proyecto político en el que se definan todas las actuaciones políticas, -infraestructuras, servicios, patrimonio, sanidad, vivienda, educación, cultura, ocio, etc.-, para el periodo de mandato y apoyado con el presupuesto económico para el desarrollo de ese propósito, es necesario y fundamental para que la ciudad avance. Esta debe ser una exigencia de la sociedad para con los partidos políticos, de tal manera que, cualquier persona pueda valorar, al finalizar el periodo de gobierno, en que porcentaje ha cumplido con ese programa y si merece la confianza o no para un próximo mandato.
Del mismo modo y paralelamente es necesario que el talante de las personas que participan en política asuman como condición sine qua non, el diálogo, la participación, la tolerancia y el respeto hacia las personas y sus derechos individuales. El diálogo con los partidos y los ciudadanos, la participación con las asociaciones sociales: vecinales, empresariales, sindicales, medioambientales, etc. La tolerancia a la divergencia y por supuesto al respeto de las personas, dado que ellas, no deben ser el centro del debate político, sino sus ideas, las cuales deben confrontarse y debatirse con argumentaciones razonadas.
Esta obviedad, contrasta con lo que hemos venido percibiendo en el panorama político de este municipio, donde la atención informativa se ha centrado en los representantes públicos, que con sus comportamientos y aptitudes, conscientes o no, vienen contribuyendo al deterioro político e institucional, lo cual es lamentable y preocupante en un municipio que se proyecta como una gran ciudad política.
Hacer política no debe pasar, en ningún caso, por el descrédito personal como se viene apreciando en nuestra ciudad, pues el centro de la cuestión y del debate en todo caso son los planes, proyectos o ideas que se formulen sobre la ciudad y para las personas. Esas ideas se pueden combatir negativamente, no aportando nada al debate como ocurre en muchas ocasiones, o aportando proyectos alternativos, cuando esas críticas se utilizan constructivamente, siendo este el único modo en que los partidos políticos, puedan tener credibilidad ante los ciudadanos.
La falta de información, claridad y transparencia en cada una de las acciones políticas, así como que la oposición no disponga de los mecanismos de control necesario, en todas y cada una de las comisiones en donde intervenga la administración, facilitan la opacidad y el caldo de cultivo para este tipo de escándalos.
Del mismo modo, se puede hacer política teniendo en cuenta, o no, los movimientos sociales y empresariales en función del estilo democrático que tenga el grupo de gobierno de cada momento, y aunque la mayoría de las fuerzas políticas entiendan, que la democracia representativa es la única voz que se deba tener en cuenta, al margen de la democracia participativa, los efectos que produce esta práctica, ajena a lo que la sociedad demanda, son las contestaciones sociales reivindicativas posteriores frente a esta forma de gobernar y hacer política, lo que nos hace afirmar que no sólo es compatible sino necesaria y lo único que entraña es sentarse con las fuerzas sociales y tener la capacidad política para hacer compatible ambas aspiraciones.
El intentar imponer el pensamiento único a través de las corrientes de opinión, cuando no se tiene argumentación, conocimiento o idea para contrarrestar aquello que es cuestionado, y se intenta la descalificación personal como medio de destruir al contrario, a pesar del derecho a la dignidad de las personas que nuestra constitución consagra, es más propio de regímenes de otro tiempo, que de un estado democrático. Claro que, no es lo mismo asumir un estado democrático como parte de nuestra vida, que convivir en un modelo democrático, y esa diferencia, posiblemente sea el verdadero problema que existe en el trasfondo de la política municipal.
Así, mientras conocemos las presuntas irregularidades y los calificativos que manifiestan los unos y los otros, desconocemos los planes, proyectos o acciones que se están realizando así como sus alternativas para crear una ciudad más dinámica, que es en cualquier caso lo que nos interesa a los ciudadanos.
Al plano político le corresponde aportar ideas, debate, votación y consenso del mismo modo que exponerlos y defenderlos en los foros que considere, así como luz y taquígrafo para que los medios públicos nos informen y las personas podamos tener un conocimiento real de lo acordado y tener un juicio de valor ajustado. Con Políticas claras, transparentes, participativas y debatidas se puede estar de acuerdo o no pero no deja lugar para que se realicen descalificaciones personales.
Si sembrar la duda sobre las personas debe ser condenable socialmente, el no acudir al juzgado correspondiente, cuando esa duda está fundada, es igualmente condenable.


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UN ESTATUTO PARA LOS CIUDADANOS
AL MARGEN DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS.

Cuando se cumple seis meses del plazo que dio el Alcalde-Presidente de la Corporación municipal, a los presidentes de las AAVV en el mes de Diciembre del pasado año, para la redacción y participación de los reglamentos derivados de la Ley de grandes ciudades, a fecha de hoy, no se ha convocado a las distintas asociaciones ciudadanas que existen en el municipio.
No se entiende que la Corporación y su Alcalde no haya propuesto, una comisión política, cuando así lo había manifestado, abrir una mesa de diálogo con los distintos agentes sociales, empresariales y profesionales para plantear aquellas iniciativas que consideren para mejorar y alcanzar un consenso en aquellos documentos que presuntamente existen.
Siendo estos documentos importantes para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad y siendo las asociaciones ciudadanas, de alguna manera, los que vienen canalizando los distintos problemas que plantea la sociedad, parece claro que algo tienen que exponer para enmendar los citados documentos y sin embargo las mantienen al margen.
Como se recordará debería existir un borrador del reglamento de participación ciudadana, reglamento del consejo social de la ciudad, reglamento de los consejos territoriales de los distritos, reglamento de los centros cívicos municipales, etc. Desconocemos, por tanto, si va a ser unos reglamentos de mínimos o máximos, la proporción, los derechos y obligaciones, la información, los medios, etc. etc.
Con esta aptitud la corporación demuestra un absoluto desprecio hacia la sociedad en general y en particular a las asociaciones de vecinos, medioambientales, educativas, culturales, económicas y profesionales, ya que andan mucho más preocupados con la participación política en esos órganos que por los verdaderos intereses y participación de los ciudadanos emanados de esta Ley.
Cuando las pretensiones de los partidos políticos pasa por tener presencia en la composición de cada uno de los órganos de participación ciudadana, lo que proyectan en el fondo es controlar y politizar a esos órganos y por tanto impiden que sean independientes y objetivos, lo que implica que estos órganos no respondan a las expectativas ciudadanas ni al espíritu de la propia Ley, e indica del mismo modo el grado de compromiso y concepción que tienen, estos políticos, de una gran ciudad.
Los partidos políticos tienen la presencia en el Pleno del Ayuntamiento y en las Comisiones, que le asigna la Ley Electoral de acuerdo con los resultados obtenidos en esos comicios y sólo se entiende la participación de los mencionados partidos políticos en estos foros desde la perspectiva del control político, ya que la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local no contempla su participación, salvo en la comisión especial de sugerencias y reclamaciones que estará formada, en proporción, por todos los grupos políticos.
No se puede ni se debe tolerar que realicen unos reglamentos a la medida de los partidos políticos para, que gobierne quién gobierne en cada momento, tener a estos órganos mediatizados y concluir en sus resoluciones con el tipo de ciudad que los políticos quieran visualizar en cada momento, evitando así asumir, desde estos foros, las críticas necesarias de un estado democrático. De lo contrario no se entiende que, una Ley realizada para fortalecer la presencia de los ciudadanos en la vida pública, y con quién necesariamente debería llegarse a un consenso en la composición y funcionamiento de estos reglamentos ni siquiera se les haya convocado ni tenido en cuenta, lo que va a significar que la sociedad civil continúe debilitada a pesar de que la Ley propone lo opuesto a estas pretensiones políticas. De ahí la necesidad de que todos los agentes sociales y económicos alcen su voz frente a esta perversión.
Aprobar unos Reglamentos, sin ser convocados los agentes sociales y económicos sin tener en cuenta sus aportaciones, va a poner de manifiesto, una vez más, la falta de credibilidad política que tienen en la vida pública.
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LOS LAMENTOS DEL SR. ALCALDE.

Leíamos la semana pasada, en el Canarias7, un artículo del Sr. Alcalde el cual se quejaba del trato, recibido por la Ministra de Fomento, Sra. Magdalena Álvarez, en la presentación del Plan Canario de Infraestructura Aeroportuario, por no haber sido recibido el Alcalde y los portavoces de esta corporación municipal, ni poder hablar en la conferencia de prensa, y decía que, era inusual y discriminatorio, porque sí dejaron hablar al Alcalde de Ingenio.
Para entender, seguramente, esta actitud, debemos remontarnos a la visita, del Presidente del Gobierno de España, Sr. Zapatero, como consecuencia de la quema de los montes de nuestra Isla en Gran Canaria ó posteriormente la visita de la Vicepresidenta del Gobierno, Sra. De la Vega, como consecuencia de la tormenta Delta donde en ninguno de los casos estuvo presente, el responsable del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Recientemente ha venido, la Ministra de agricultura y pesca y el Ministro de trabajo, hace tan sólo unos días, y, sin embargo, tampoco ha estado presente el responsable de la isla.
Como le gusta decir al Sr. Valido, las cosas en política no son ni blancas ni negras, sino que tienen muchos matices, y eso es verdad, como es el caso que nos ocupa, que siendo instituciones distintas, los responsables, de ambas administraciones, son de la misma formación política, y que, con independencia de la política que se practique en cada caso, y que pueda gustar más o menos, no se estuvo a la altura de las circunstancias, para mantener, al margen, a la institución insular.
Mientras el Sr. Alcalde califica, en sus conclusiones, de talante perturbador la postura de la Sra. Ministra, por no dejársele opinar en un acto, en el que estuvo presente, sin embargo no opina, ni quiere, cuando, el Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, se va de pesca al norte de Europa o tiene la agenda completa, para no recibir al Presidente o Vicepresidenta del Gobierno, tal y como se ha informado.
Debemos decir que estamos totalmente de acuerdo, con el pronunciamiento del Sr. Valido como Alcalde de nuestro municipio, pero del mismo modo, no se puede, compartir la desconsideración que tuvo, el Presidente del Cabildo, como máximo responsable de la isla de Gran Canaria, para no estar presente en aquellos actos institucionales.
Conociendo estos antecedentes, desconocemos que tipo de reclamación o exigencia, podrá realizar el Sr. Alcalde, cuando, el Presidente del Cabildo, pagó con la misma moneda al Presidente del Gobierno y sus ministros.
Creemos que las instituciones están por encima de las políticas, del mismo modo que sus habitantes, y que, en todos los casos, deberíamos rechazar estas situaciones.


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LOS DATOS QUE SE ESCONDEN,
SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA TERCERA PISTA DE GANDO.

Aunque considero que es muy difícil competir con un estado de opinión política en el que la mayoría de los partidos políticos de este municipio, se han manifestado a favor de la ampliación de la tercera pista en el aeropuerto de Gando, con el enunciado de que el futuro socioeconómico de nuestra isla pasa por el desarrollo de este equipamiento, pero sin datos que demuestren y justifiquen este argumento, vamos a intentar señalar que la citada pista no sólo perjudica al barrio de Ojos de Garza por las expropiaciones y el desarraigo social de sus habitantes sino por los daños colaterales que va a ocasionar en otros muchos barrios.
De ahí que no estemos de acuerdo con la citada ampliación, por los efectos contaminantes que van a estar entre los 60 y 65 decibelios diurnos y entre los 45 y 55 decibelios nocturnos, -ver los valores y efectos que se adjuntan-, que van a producir en los barrios de Salinetas, Melenara, Taliarte, Playa del Hombre, Las Huesas y parte del Calero bajo e Ingenio y porque además no está demostrado, bajo ningún concepto, que sea necesaria para el desarrollo socioeconómico de la isla tal y como se ha afirmado.
De acuerdo con los estudios de AENA existen datos más que suficientes en los que se indica que entre las dos pistas que existe la carga máxima en despegues y aterrizajes es del 60% sólo en determinados días de la semana.
Todos los datos, publicados en prensa, y acreditados por todos los ciudadanos, ponen de manifiesto que el número de turistas en la isla, en relación con número de camas disponible, no sólo no aumenta sino que ha venido disminuyendo en estos años. Igualmente, existe una moratoria para la construcción de nuevas plantas, para camas hoteleras y extrahoteleras, de acuerdo con la ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, cuyas medidas persiguen, la redacción de las Directrices sobre el territorio y contener el crecimiento desordenado de la oferta alojativa turística, lo cual evitara excesos no previstos por la administración.
Por tanto, si la propia ley lo que pretende es buscar un equilibrio entre el crecimiento de la economía y el territorio, desconocemos sobre qué base argumental vienen trabajando aquellos que hacen afirmaciones como la anterior. Mejor deberían ponerse a trabajar en como atraer turismo de calidad y de mayor poder adquisitivo, que dicho sea de paso lo venimos escuchando desde los años noventa y hasta la fecha no han sido capaces de hacerlo realidad, con lo cual se conservaría mucho mejor nuestro territorio cuyo bién es escaso y se desarrollaría la economía en general.
Visto lo precedente, debemos preguntarnos para qué nos sirven nuestros representantes políticos de nuestro municipio, que conociendo estos antecedentes, o por lo menos deberían conocerlos y preocuparse, ya que es un problema que afecta a este municipio y repercute sobre la calidad de vida de los ciudadanos, no sólo no nos informan de todos y cada uno de los efectos, sino que, por el contrario, se empeñan en ir contra el sentido común de las personas y los datos publicados que están disponibles en las hemerotecas de los periódicos, en la web del gobierno de Canarias, Ley del Ruido 37/2003, de 17 de noviembre, Libro verde de la Comisión Europea sobre la lucha contra el ruido, etc.
En todo caso, si en los municipios de Telde e Ingenio no tomamos conciencia de la problemática que nos quieren endosar estos políticos y, los ciudadanos en su conjunto de estos dos municipios, no somos capaces de abortar este atropello social, nos colocarán esta macro pista aeronáutica cuya terminal llegará hasta la antigua plaza de toros. De ahí la necesidad de decir NO a la ampliación de la nueva pista, porque va a perjudicar y dañar la salud de las personas y la economía de una parte importante de la sociedad.

En el supuesto que se implante la tercera pista en el aeropuerto de Gando
Estos serían los efectos sobre la salud, la sociedad y la economía

Resumen de Valores Críticos:

A partir de los valores indicados en la primera columna se empiezan a sentir, dependiendo de la sensibilidad individual, los efectos señalados en la segunda.

A partir de este valor, se empiezan a sentir estos efectos nocivos
En decibelios

30 db Dificultad en conciliar el sueño, pérdida en calidad del sueño.
40 db Dificultad en la comunicación verbal.
45 db Probable interrupción del sueño.
50 db Malestar diurno moderado.
55 db Malestar diurno fuerte.
65 db Comunicación verbal difícil.
75 db Pérdida de oído a largo plazo.
110-140 dbPérdida de oído a corto plazo.

Efectos del Ruido: Malestar, estrés. Trastornos psicofísicos. Costes sanitarios.
Trastornos del sueños. Afecciones cardiovasculares. Baja productividad.
Pérdida de atención. Retraso escolar. Accidentes laborales.
Dificultad comunicación. Conductas agresivas.Pérdida V. Inmuebles.
Pérdida de oído. Dificultad de convivencia.Ciudades inhóspitas.

Resumen:
El ruido actúa a través del órgano del oído sobre los sistemas nerviosos central y autónomo. Cuando el estímulo sobrepasa determinados límites, se produce sordera y efectos patológicos en ambos sistemas, tanto instantáneos como diferidos. A niveles mucho menores, el ruido produce malestar y dificulta o impide la atención, la comunicación, la concentración, el descanso y el sueño. La reiteración de estas situaciones puede ocasionar estados crónicos de nerviosismo y estrés lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos, enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario. La disminución del rendimiento escolar o profesional, los accidentes laborales o de tráfico, ciertas conductas antisociales, la tendencia al abandono de las ciudades, la pérdida de valor de los inmuebles y un largo etcétera son algunas de las consecuencias. No es casualidad que los países y regiones menos desarrollados sean también los más ruidosos.

Nota: Los efectos contaminantes en toda la zona de la Costa y alrededores, de acuerdo con los estudios que ha realizado el Colectivo Turcón, van ha estar entre los 60 y 65 decibelios diurnos y entre 45 y 55 decibelios nocturnos.
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TENEMOS UN DÉFICIT: DIALOGO.

Cuando una concejala del grupo de gobierno, por muchas razones que pueda tener, llama la atención públicamente al Alcalde de la ciudad por proponer un pregonero para las fiestas de San Juan y no la responsable del área, parece que se han invertido los papeles. Cuando se dan estas circunstancia, de forma reiteradas y con otros concejales de su grupo, es que existe descoordinación entre el primer edil y sus concejales además de la anarquía que representan en el marco de su propio partido, pues no se debe olvidar que se han presentado bajo las mismas siglas políticas.
Si partimos del hecho de que el Alcalde teniendo autonomía propia no es capaz de coordinar su grupo de gobierno y priorizar los trabajos de las distintas áreas, conociendo y participando de cada una de ellas, para gestionar el presupuesto económico que haya aprobado, nos podemos encontrar con situaciones como éstas u otras similares, si además tenemos en cuenta que pertenecen al mismo partido político y ello implica coordinarse y disciplinarse con la dirección del partido, no se entiende la situación anterior.
Delegar las áreas no significa en absoluto que cada cual haga lo que su buena voluntad le permita, por ello da la impresión que además no existe dirección política en el partido en el que militan ambos concejales ya que el diálogo, el consenso, la disciplina, son términos que desconocen determinados miembros del partido en el gobierno y si existe es para otros menesteres. De ahí que cada concejalía se gobierne en función de las luces de cada responsable de área y no de forma colegiada que sería lo deseable y lo obligatorio estatutariamente. Es en el interno de ese partido donde deberían dirimir sus diferencias y votaciones así como analizar y priorizar los trabajos de fontanería de las distintas áreas de forma coordinada, del mimo modo que también sería deseable que se coordinaran con sus socios de gobierno precisamente para no dar pie a este tipo de espectáculos a la ciudadanía.
Siendo el partido un instrumento democrático para cambiar e innovar la sociedad son las personas que los representan las que le dan solvencia y credibilidad al mismo. Por ello no es posible pensar que el resultado de este estado de cosas es consecuencia sólo de su inexperiencia política y de gestión, dado que la mayoría de los miembros del gobierno nunca habían gobernado. Son los responsables y cuadros del aparato del partido los que deben asesorar y corregir estas situaciones siempre y cuando estén en condiciones de discernir entre los asuntos del partido y las de gobierno, con independencia de que sean compatibles los cargos del partido con los de representación en el gobierno. Por ello y en la medida que no resuelvan los problemas que se han apuntado no se conseguirá la solvencia y la garantía política que este gobierno municipal necesita, al margen del propio proyecto político.
El cese de la cuestionada concejala y la posterior restitución, aunque sin cargo por ahora, refleja esa falta de dirección política, salvo que existan varias corrientes ideológicas dentro de ese mismo partido que hagan posible un cambio efectivo y no tengan otra opción que la aceptación de los hechos y la que explique la rehabilitación, que en todo caso va contar con la desconfianza de sus compañeros de filas. El hecho de que puedan participar otros partidos e involucrarse en tareas de gobierno sólo va ha significar que se van a mantener en el Gobierno pero sin la capacidad para garantizar un proyecto que, después de dos años, seguimos sin conocer los ciudadanos. Lo que sí parece que están consiguiendo es un deterioro social de su propio partido y poner en solfa la mayoría estable para que gobierne sin sobresaltos y proporcione respuestas a los problemas que la sociedad demanda, de la que apenas se habla ni se tiene en cuenta.
Si los Concejales no dialogan entre ellos, o comunican poco, ni se ponen de acuerdo en los marcos estatutarios, parece lógico pensar que desconozcan lo que vienen realizando las otras concejalías en cada una de sus áreas (como es el caso de la tala de árboles en la Playa de Melenara, donde el Alcalde accidental desconocía las instrucciones del área de Parques y Jardines), como vamos a pretender que a las AA.VV., empresariales, sindicales, etc., se les escuche en los marcos adecuados cuando se ponga en marcha el Consejo Social de la ciudad y los Distritos de este término municipal.
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NUESTRAS PLAYAS Y COSTAS ESTÁN PARA CONSERVARLAS NO PARA ESPECULAR CON ELLAS.

Cuando un día cualquiera vemos en los periódicos que existe un proyecto para ampliar el puerto industrial de Salinetas en 360 metros, con el pretexto de poner una línea comercial a Fuerteventura y un muelle deportivo en ese mismo lugar, pero que más tarde nos dicen que también irá la base naval, no nos queda mas remedio que preguntarnos como es posible que puedan convivir tantas actividades (industrial, comercial, deportiva y militar) dentro de una misma dársena.
Si además en el otro extremo de la costa también pretenden proyectar la ampliación del puerto deportivo pesquero de Taliarte hasta casi la mitad de la bahía, te preguntas como se pueden conservar las playas de Taliarte, Melenara y Salinetas, con estos dos grandes proyectos si se corta las corrientes marinas del noreste que posibilitan que toda la bahía se limpie y regenere.
En este sentido ya hemos dicho que el puerto pesquero deportivo sólo necesita ampliar la escollera norte, para que la marea rompa más lejos e impedir que suba por encima del propio muelle, y cerrarlo unos treinta metros hacia el sur, de tal manera que en invierno resguarde los barcos que están en la dársena, además de dotarlo de todos los servicios e infraestructuras necesarios para tener un gran puerto europeo. Esta es la razón fundamental del porqué en el citado muelle no atraca ningún barco especialmente en invierno.
Un gobierno que está al servicio de los ciudadanos debería ser más serio y riguroso con nuestro patrimonio natural y con sus ciudadanos, y si se tiene la voluntad de realizar algún proyecto serio, deberían empezar por reordenar todo ese espacio costero, con los estudios medioambientales precisos incluido el de las corrientes marinas, que interviene en toda la bahía, para determinar la carga que pueda soportar esta zona y establecer los proyectos de calidad de acuerdo con esos requisitos. Esta sería la mejor forma de trabajar con seriedad, solvencia y credibilidad.
Una vez realizado dichos estudios deberían presentarlo a los ciudadanos y plantearlos en su programa electoral y si son acreditados por las urnas llevarlos a la práctica. Este modo de actuar sería la mejor representación de la transparencia, de la que han hecho gala, la cual queda totalmente cuestionada y por lo que parece, esta práctica política, no está al uso.
Por ello podemos decir que los proyectos que se quieren implantar en la costa, se realizan de espaldas a los ciudadanos ya que en los programas electorales de los partidos políticos que están gobernando no existían proyectos de esta naturaleza. Por tanto no están autorizados democráticamente para realizarlos.
Que el municipio progrese social y económicamente es una idea que compartimos todos los ciudadanos pero no nos puede llevar, bajo ningún concepto, a degradar de forma irreversible nuestro ecosistema sabiendo de antemano que nuestro patrimonio natural es único y que debemos preservarlo, mejorarlo y garantizarlo para las generaciones venideras.
La realización de infraestructuras, si no se sabe de antemano los beneficios y/o perjuicios sociales que comportan y se acompañan de las políticas necesarias para potenciar aquellas actividades que queremos para las mismas, no debemos decir forzosamente que es un sinónimo de progreso.
La insensatez, la irracionalidad y el absurdo es la que nos conduce a realizar grandes obras, sin tener en cuenta los espacios y entornos donde van a ser ubicadas y son las que ocasionan el fracaso económico además de un déficit en la calidad de vida de sus ciudadanos.
Deberían estar preocupados por el peligro potencial que representa para las personas los depósitos de gasolina que están junto al complejo residencial de Salinetas y en vez de buscar soluciones para el traslado de dichos depósitos a otro lugar se sigue construyendo cada vez más cerca, del mismo modo que con la futura ampliación del aeropuerto donde el impacto medioambiental va a ser insostenible por los niveles de ruidos en toda la zona o la eliminación de la zona de las jaulas marinas dedicadas a la cría de peces.
Estos contenidos deben ser objeto de cualquier gobierno municipal y sin embargo se contesta, en el caso de las jaulas, que es un problema del gobierno autónomo, así mientras no son capaces políticamente de dar soluciones escudándose en contestaciones simplistas y faltas de rigor, sin son capaces de hacer planteamientos, y que se les tenga en cuenta, como los expuestos más arriba.
La falta de políticas, visión y perspectivas junto con la falta de imaginación son las que hacen posibles estos desaguisados que una vez realizados van ser imposibles corregir.
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RECUPERAR NUESTRA COSTA.

Los proyectos que se pretenden ejecutar en el litoral costero del municipio de Telde, tal y como han manifestado representantes del Grupo de Gobierno, como es: la ampliación de la segunda pista del aeropuerto de Gando, aumentar la capacidad del puerto industrial de Salinetas, aumentar la capacidad del muelle deportivo-pesquero de Taliarte así como un puerto privado en la zona de boca barranco, son demasiados proyectos para concentrarlos en un espacio tan escaso y fundamentalmente entre la bahía de Gando y Taliarte.
A ello hay que añadirle la concesión realizada hace ya algunos años por parte del Gobierno de Canarias a una empresa privada, para la cría y engorde de lubinas y samas, en un espacio público que debería estar preservado para los deportistas a los juegos náuticos y que perjudica, a todos los veraneantes y residentes de las playas de Melenara, Taliarte, Salinetas y Clavellinas, por los malos olores y el aceite que desprende los piensos que van a parar a nuestras playas cuando sopla los vientos del sur, además de la mala imagen que presenta las jaulas para habitantes y turistas.
Realizar estos macroproyectos va a contribuir a que esta franja del litoral sea inhabitable por los niveles de ruidos, procedentes de los aviones cazas del ejército y los grandes aviones comerciales, por la contaminación de ambas ampliaciones de los distintos puertos y de asfixia de las citadas playas, así como del peligro potencial que existe en Salinetas con los depósitos de gasolina junto al complejo residencial, lo que implica lacerar el medioambiente en sus distintas vertientes y privar a todos los habitantes de Telde y otros municipios al derecho a disfrutar de nuestra costa.
La zona de costa que corresponde al Municipio de Telde es pequeña y por tanto muy limitada, de ahí la necesidad de que el Gobierno municipal intervenga, en todas y cada una de las administraciones que tengan que ver con este espacio del litoral costero, para que se ordene o en su caso reordene, a fin de escoger aquellos proyectos que interesen al municipio y a sus ciudadanos teniendo en cuenta el futuro desarrollo social de la aludida costa.
En cualquier caso la Administración Municipal debería preocuparse e influir para que se realicen pequeñas actuaciones en la zona que beneficien a los vecinos, como es: El puerto pesquero-deportivo de Taliarte tiene escasa actividad por el abandono, de las administraciones competentes, en el acondicionamiento del mismo y que pasa por aumentar la escollera del Este cerrando el dique hacia el Sur para el abrigo del puerto y de los propios barcos, poner los medios necesarios para eliminar los vertidos fecales al propio puerto provenientes de este recinto así como disponer de los servicios necesarios en una dársena de esta naturaleza. Trasladar las jaulas fuera de nuestras playas. Acondicionar los accesos de bajadas de la avenida de Taliarte hacia la zona de las rocas, ya que a este espacio acuden tantas personas como a la propia playa. Corregir los desprendimientos de pedruscos que puede causar alguna desgracia. Demoler el edificio que está dentro de la misma playa de Melenara. Instalar alumbrado público en la carretera que va desde la residencia de ancianos a Playa del Hombre. Proyectar y ejecutar la plaza, aprobada por todos los grupos políticos desde la anterior legislatura, etc.
Los gobernantes municipales deben hacer compatible los intereses socioeconómicos del municipio con proyectos proporcionados y de calidad, coherente con el espacio y el medioambiente, de tal manera que no perjudique a los vecinos y a las futuras generaciones. En este sentido se debería abrir un debate social en torno a la zona costera en la que participen Organizaciones sociales y económicas, Partidos políticos, etc.
En caso que no sea posible, en su defecto, debería establecerse una comisión de expertos independientes, que nos faciliten aquellos proyectos y estudios medioambientales que el mencionado litoral pudiera asumir de acuerdo con el espacio señalado pues, al ser un bien escaso, cualquier alteración del mismo podría arruinar nuestro entorno si no se tiene una perspectiva de su conjunto.
Queremos que se recupere nuestro litoral mirando hacia las personas y por ello creemos que, el Gobierno municipal, debe reordenarlo con el concurso de los ciudadanos y profesionales, de tal manera que no haya agresiones en el presente ni en el futuro.
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LOS DISTRITOS
UNAS CARTAS MARCADAS.

Es una tomadura de pelo para las AAVV la presentación mediática y política que se ha realizado, por parte del Ayuntamiento, de los Reglamentos de Distrito y participación ciudadana, no porque se haya presentado en el mes de Agosto en que la mayoría de los ciudadanos están de vacaciones, sino porque en su composición reglamentaria no tienen cabida las mencionadas Asociaciones Ciudadanas en la Junta Municipal de Distritos. Tal es así que ni tan siguiera van a tener voz la mayoría, por no decir la totalidad, de las AAVV, salvo que se corrija los Artículos 16 y 17 del Reglamento de Participación Ciudadana.
El Proyecto que realiza la mayoría gobernante a través del Reglamento, para nombrar los vocales que corresponde al Distrito, es la siguiente:
Plantea una escala sin valoración para en función del número de habitantes conocer el número de vocales que corresponde a ese segmento de habitantes, cuando hubiese sido más objetivo y preciso determinar un vocal por cada 3.500 habitantes o fracción de 1.000, u otro número que se considere, y en proporción del número de habitantes que componen esa jurisdicción se obtendría el número de vocales que correspondería a esa Junta municipal de distrito.
Posteriormente se manifiesta textualmente: Los vocales serán nombrados por el Alcalde, a propuesta de los partidos políticos que componen el Pleno en proporción al número de Concejales que lo integren. Es decir, se esboza una progresión aparentemente objetiva para luego establecer que los criterios, para ser vocales de las Juntas de Distritos, es el color político de los partidos. Por ello podemos decir que los criterios empleados por el grupo gobernante son partidistas y sectarios y en todo caso alejado del artículo 18 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) donde se establece como uno de los derechos de los vecinos el participar en la gestión municipal.
Por tanto nos preguntamos, donde está la participación ciudadana, cuando las AAVV en particular, no tienen intervención en las citadas Juntas Municipales de Distrito. Con este modelo la mayoría gobernante lo que hace es duplicar o reproducir, en los Distritos, la representación política de los últimos comicios y representadas en el Pleno de la Corporación Municipal. Con el modelo que se quiere implantar se da prioridad a los partidos políticos y se margina a las Asociaciones ciudadanas.
Las únicas asociaciones ciudadanas que podrán tener voz, pero no voto, siempre que lo comuniquen a la Junta Municipal de Distrito con el tiempo suficiente y siempre que modifiquen los Artículos 24 y 27 del mencionado Reglamento, son las declaradas de utilidad pública. Este título otorga una serie de privilegios y lo facilita el gobierno municipal de acuerdo con la Ley 4/2003, de 28 de Febrero de la Comunidad Autónoma Canaria. Lo que va a significar, en la práctica, que salvo una ó dos asociaciones de las registradas en todo el municipio puedan aspirar a ese epígrafe y por tanto a tener, por lo menos, voz en esos órganos.
Debemos preguntarnos si la mayoría gobernante entiende que las asociaciones ciudadanas que no reúnan el requisito de utilidad pública; no son de utilidad social y por tanto no deban participar y menos aún tener voz en esas Juntas municipales.
Este planteamiento no es democrático, puesto que no se puede ser Juez y parte al mismo tiempo en un estado de derecho, como pretende la mayoría gobernante y colisiona frontalmente con la pluralidad de las Asociaciones cívicas que vertebran la participación ciudadana en el municipio. Con ello lo que se proyecta es controlar y politizar a esos órganos para crearlos a imagen y semejanza de la mayoría gobernante en cada momento, y por tanto impiden que sean independientes y al margen de los partidos políticos, lo que implica que estos órganos no respondan a las expectativas ciudadanas, e indica del mismo modo el grado de compromiso y concepción que tienen, estos políticos, para que la sociedad pueda participar en la cogestión del gobierno municipal.
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CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD.

El artículo 131 de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, dice que: en los municipios señalados por este título, existirá un Consejo Social de Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
El artículo de esta Ley expresa que corresponderá a los referidos Consejos Sociales, además de las funciones que determine el Pleno municipal, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Requiere, por tanto, la Ley a dichos Consejos Sociales para que contribuyan a la propia configuración de las ciudades. Es, en definitiva, una decisión por la que se da voz, papel de complementariedad, a los sectores más activos de la sociedad en materias de estrategia, desarrollo y modernización.
Las cuestiones ambientales y de sostenibilidad de nuestros sistemas urbanos y rurales se han convertido en elementos fundamentales para nuestra sociedad. Problemas como el elevado consumo de recursos, la creciente generación de residuos, la habitabilidad de nuestras ciudades, el uso del suelo, la contaminación atmosférica y acústica, la movilidad, la inmigración, etc., sitúan a las autoridades locales ante el reto de conseguir una ciudad más sostenible. Para ello, herramientas como las Agendas 21 Locales, consistentes en planes a largo plazo participados por la población para avanzar en la sostenibilidad son fundamentales para nuestra comunidad. Estas herramientas combinan la gestión municipal con la participación activa de toda la sociedad, en un tratamiento integral de la problemática urbana, incluyendo temas ambientales, económicos, sociales y educativos.
La propuesta que hace este municipio sobre el consejo social de la ciudad, de acuerdo con la información publicada por Canarias7 con fecha 09.04.05, estaría formado por 18 miembros: 4 Entidades económicas y empresariales, 4 Colegios Profesionales, 2 Universidad, 3 ciudadanos de reconocido prestigio, 2 Organizaciones Sindicales, 2 Asociaciones ciudadanas.
Así mientras se le atribuye casi el cincuenta por ciento de sus miembros a los operadores económicos y profesionales, el porcentaje que se le asigna a las Asociaciones Ciudadanas es del dieciséis por ciento donde no aparecen las Asociaciones medioambientales, Consumidores, Vecinales, etc., las cuales no estarían representadas siendo colectivos activos e importantes para la sociedad.
La propuesta de la composición actual no equilibra los distintos intereses ni tampoco se armoniza a priori con el espíritu de las agendas 21, cuestiones ambas que en el tiempo terminaran por imponerse dado que son temas con los que la sociedad está sensibilizada.
Es fundamental e importante que ante un nuevo foro, como es el citado Consejo Social de la Ciudad, y que va a marcar una nueva etapa en la vida social y económica de este municipio, las asociaciones ciudadanas reclamen su cuota de participación para poder incidir en todos aquellos aspectos que hoy de forma colectiva, pero a su vez dispersa, tienen poca traslación práctica que beneficie a la sociedad.
De igual modo es imprescindible que el grupo de gobierno, tal y como se ha manifestado, esté abierto a las distintas sugerencias que puedan plantear los agentes sociales y concrete una mesa de diálogo para llegar a un consenso, no sólo sobre la composición sino de su reglamento.
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LAS ASOCIACIONES CIUDADANAS UN VALOR SOCIAL
IMPRESCINDIBLE PARA LA ESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD.

El pasado uno de Septiembre se han vuelto a reunir las AAVV en torno a los Reglamentos originados por la Llamada Ley de grandes ciudades.
El número de AAVV va creciendo reunión tras reunión, donde el pasado jueves asistieron sobre cincuenta asociaciones. Con este tipo de reuniones se da un paso importante en el movimiento vecinal y ciudadano; tanto desde la perspectiva de conocer y compartir los problemas de cada uno de los barrios, como desde la defensa de los temas comunes y que nos afecta a todos como es el caso de la mencionada Ley de grandes ciudades.
Desde estas líneas nos gustaría que participasen las distintas Asociaciones cívicas que existen el municipio y que hasta la fecha, salvo algunas, no están representadas en estas reuniones, a pesar de que la citada ley les va a afectar directamente, al margen, claro está, de la riqueza que representa compartir sus problemas y sus posiciones en un foro abierto, democrático y plural.
Aquellos que han tachado las reuniones de estar bajo algún signo político habría que decirles que, el hecho de que algunas personas puedan pertenecer a alguna adscripción política, se debe considerar normal, democrático y muy sano socialmente siempre que quién esté en esa situación sepa separar y distinguir los problemas sociales con los intereses de los partidos políticos.
Dicho lo anterior debe quedar claro que no vamos a tolerar que existan intromisiones de ningún partido y menos aún que alguien intente manipular estas reuniones para esos fines políticos. Otra cosa bién distinta es que esté abierta a todos los partidos, que lo consideren, para que conozcan, y defiendan si es posible, los problemas y posiciones o conclusiones que se acuerden.
Creemos que las AAVV han crecido lo suficiente como para saber que no deben embarcarse en aventuras políticas y menos aún a prestarse a ser de correas de transmisión de ningún partido, ya que la experiencia ha demostrado que siempre han salido perjudicadas rompiendo los movimientos ciudadanos.
Aparentemente parece que existe un cierto antagonismo, con carácter general, entre partidos políticos y el asociacionismo cuando en realidad son complementarios y donde los primeros tienden a devorar a los segundos, esta situación se da por la sencilla razón de que aquellos que representan a la democracia representativa no creen en la democracia participativa o asociacionismo, tal es así que todos quieren gobernar para el pueblo sin el pueblo..., esperemos que los políticos cambien las aptitudes y entiendan, de un vez, que la palabra Democracia es una herramienta a la que hay que llenarla de contenido día a día, pues de lo contrario sólo serán palabras huecas y vacías sin ningún valor.
Por ello esperamos que la mayoría gobernante entienda que estos reglamentos son parte fundamental y necesaria para la proyección del futuro del municipio y no de intereses mediocres, y sean sensible para con las aportaciones del colectivo ciudadano y recoja la mayoría de las mismas que se presenten.


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UN MODELO DE CIUDAD, ... DESDE OTRA PERSPECTIVA.

La posibilidad de disponer de un Ayuntamiento moderno, descentralizado administrativamente y socialmente, o por el contrario, continuar con el Ayuntamiento que todos conocemos, es responsabilidad de todos los ciudadanos.
Creemos que es posible, un modelo político que cambie, el urbanismo de los ladrillos, por la defensa de la urbanidad de sus residentes, una ciudad activa, que estimule y canalice el aumento de demanda de protagonismo de los habitantes en los asuntos públicos, que dinamice los nuevos valores y las nuevas actitudes ciudadanas, donde sean los coautores y participes de su propia ciudad.
Del mismo modo entendemos que las políticas, de participación ciudadana no es un problema de una concejalía en particular, son políticas transversales, por tanto, o hay Ayuntamientos participativos o no hay Ayuntamientos participativos. La participación es un valor añadido, un plus de calidad que se debe sumar a todas las políticas municipales y no un mal con el que hay que convivir y a los que se les ofrecen algunas migajas en esa participación.
En este sentido consideramos que, hay que defender el principio de subsidiariedad, especialmente aquello que los franceses llaman servicios de proximidad. Se trata de que, aquello que se deba hacer, que lo realice, el que esté más próximo de la realidad. Del Estado a la Comunidad Autónoma, de esta a los Ayuntamientos, y de estos a los Distritos.
Para ello es necesario disponer de una administración municipal comunicativa, relacional y cooperante. Esto supone, iniciar un debate -administración y sociedad civil- sobre lo que supone la cogestión de equipamientos y servicios municipales con las organizaciones asociativas, e iniciar un proceso de adecuación de las estructuras y normativas municipales a fin de poder abordar con garantías las nuevas realidades.
De la misma forma es posible, reestructurar la administración, tanto administrativamente como técnicamente, ello implica prever las inversiones de los edificios de los distritos, las redes informáticas y telemáticas, así como, que esos edificios estén interconectados, con la sede central del propio Ayuntamiento, bien a través de intranet o Internet. Así como la planificación y creación de una base de datos centralizada e integrada, tanto horizontal como transversalmente, de todos los departamentos y procedimientos administrativos de la institución, que beneficien a la sociedad y cumplir con las exigencias europeas.
De igual manera entendemos, que es posible, desarrollar una Agenda Local 21, como eje fundamental de las políticas municipales, que permitan abordar todas las acciones de forma integral, que contemple los problemas, como es el elevado consumo de recursos, la creciente generación de residuos, la habitabilidad de nuestras ciudades, el uso del suelo, la contaminación atmosférica y acústica, la movilidad, la educación, etc.
Obviedades como las anteriores podrían parecer novedosas, sin embargo, no son más que conceptos de sentido común, como consecuencia de analizar normas, protocolos o Leyes, que están vigentes, por lo menos desde hace una década, como es el caso de la Agenda 21, o la ley para la modernización de los ayuntamientos y que sin embargo en este municipio no se ha estado a la altura de las circunstancias o simplemente no se aplican.
La aplicación de estas demandas son las que necesitamos los ciudadanos, que simplificándolo podemos decir, que cuando las personas sean el centro de las políticas municipales, que a su vez, esas políticas, sean respetuosas con el medioambiente y que sean posibles defenderlas, sin que las descalificaciones personales sean el argumento, y no las alternativas a esas ideas, son las que producen las condiciones y contenidos para comenzar a hablar de la ciudad de los ciudadanos.

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A PROPÓSITO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD.

El artículo 131 de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, dice que en los municipios señalados por este título existirá un Consejo Social de Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. El artículo de esta Ley expresa que corresponderá a los referidos Consejos Sociales, además de las funciones que determine el Pleno municipal, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.


Requiere, por tanto, la Ley a dichos Consejos Sociales para que contribuyan a la propia configuración de las ciudades. Es, en definitiva, una decisión por la que se da voz, papel de complementariedad, a los sectores más activos de la sociedad en materias de estrategia, desarrollo y modernización.

Las cuestiones ambientales y de sostenibilidad de nuestros sistemas urbanos y rurales se han convertido en elementos fundamentales para nuestra sociedad. Problemas como el elevado consumo de recursos, la creciente generación de residuos, la habitabilidad de nuestras ciudades, el uso del suelo, la contaminación atmosférica y acústica, la movilidad, la inmigración, etc., sitúan a las autoridades locales ante el reto de conseguir una ciudad más sostenible.

Para ello, herramientas como las Agendas 21 Locales, consistentes en planes a largo plazo participados por la población para avanzar en la sostenibilidad son fundamentales para nuestra comunidad. Estas herramientas combinan la gestión municipal con la participación activa de toda la sociedad, en un tratamiento integral de la problemática urbana, incluyendo temas ambientales, económicos, sociales y educativos.

La propuesta que hace este municipio sobre el consejo social de la ciudad, de acuerdo con la información publicada por Canarias7 con fecha 09.04.05, estaría formado por 18 miembros: 4 Entidades económicas y empresariales, 4 Colegios Profesionales, 2 Universidad, 3 ciudadanos de reconocido prestigio, 2 Organizaciones Sindicales, 2 Asociaciones ciudadanas.

Así mientras se le atribuye casi el cincuenta por ciento de sus miembros a los operadores económicos y profesionales, el porcentaje que se le asigna a las Asociaciones Ciudadanas es del dieciséis por ciento donde no aparecen las Asociaciones medioambientales, Consumidores, Vecinales, etc., las cuales no estarían representadas siendo colectivos activos e importantes para la sociedad.

La propuesta de la composición actual no equilibra los distintos intereses ni tampoco se armoniza a priori con el espíritu de las agendas 21, cuestiones ambas que en el tiempo terminaran por imponerse dado que son temas con los que la sociedad está sensibilizada.

Es fundamental e importante que ante un nuevo foro, como es el citado Consejo Social de la Ciudad, y que va a marcar una nueva etapa en la vida social y económica de este municipio, las asociaciones ciudadanas reclamen su cuota de participación para poder incidir en todos aquellos aspectos que hoy de forma colectiva, pero a su vez dispersa, tienen poca traslación práctica que beneficie a la sociedad.
De igual modo es imprescindible que el grupo de gobierno, tal y como se ha manifestado, esté abierto a las distintas sugerencias que puedan plantear los agentes sociales y concrete una mesa de diálogo para llegar a un consenso, no sólo sobre la composición sino de su reglamento.
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LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

La Asociación de Vecinos Costa de Taliarte apuesta por la implantación de los "presupuestos participativos" en las Juntas de Distritos, documento que establece el marco normativo para la intervención ciudadana, para ello es necesario que, a su vez, al Concejal Delegado se le den las atribuciones necesarias para tener decisiones en los citados Distritos.
La Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales que tuvo lugar en el Encuentro Internacional de Hábitat II (ONU), Estambul 1996, incluyó en su declaración final la recomendación de la aplicación de los Presupuestos Participativos, calificándolos como de buena práctica de gestión urbana.

El Artículo 128 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, define a los Distritos como órganos de gestión desconcentrada y como instrumentos esenciales para el desarrollo de políticas de proximidad y participación. De mismo modo el preámbulo de la Ley precisa que son estándares de mínimos.

En este sentido, los Presupuestos Participativos surgen como una nueva estrategia de Participación Ciudadana, a través de la cual se implica a los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones públicas locales. Es decir, los Presupuestos Participativos, facilita el proceso de una Democracia Representativa, ciudadanos consumidores, a una Democracia Participativa, ciudadanos activos y responsables con nuestra ciudad.

De hecho, el Presupuesto Participativo permite, bajo diferentes formas organizativas, la participación directa de la ciudadanía, a fin de establecer prioridades presupuestarias en los barrios del municipio, a través del consenso con los ciudadanos y el gobierno local, realizando un seguimiento de los compromisos adquiridos y asumiendo los resultados.

El Presupuesto Participativo es una apuesta innovadora de co-gestión pública ciudadana que propugna como principio fundamental la democracia directa para la planificación comunitaria de los recursos públicos municipales, teniendo como objetivo principal generar un espacio ciudadano de base asamblearia.

La cogestión pública, entendida como un espacio de interacción entre la ciudadanía y los políticos, en el que: los Los ciudadanos a través de su participación activa deciden y comunican, se forman e informan y ejercen el control del proceso,; y los representantes políticos asumen las decisiones y las ejecutan, además de comprometerse a discutir sus propuestas con la ciudadanía.

La puesta en marcha de este proceso tiende a generar un modelo de ciudad educadora y social, en la que tengan cabida aquellos colectivos que por lo general permanecen excluidos o subrepresentados en los procesos de toma de decisiones, como son las mujeres, los jóvenes, los mayores, los inmigrantes y las capas sociales más desfavorecidas de la sociedad.

Con vistas a continuar dicho proceso y en orden a la consolidación del procedimiento para la elaboración de los Presupuestos Participativos, se ha propuesto que en los reglamentos de las Juntas de Distritos, se reconozca y facilite este derecho.
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LAS CULPAS DE LOS UNOS Y LOS OTROS LAS PAGAN LOS CIUDADANOS.

Definir qué es el IBI o Impuesto sobre bienes Inmuebles, más conocido popularmente con el término de contribución, no es muy complicado, pues consiste en un impuesto de carácter municipal que anualmente debe pagar todo aquel que sea propietario de un bien inmueble, independientemente de que su calificación sea rústica o urbana.

La normativa reguladora de este impuesto no sólo viene determinada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sino también por las correspondientes ordenanzas municipales de cada ayuntamiento, siendo un impuesto exigible, obligatorio y directo. El artículo 71.2. de Ley 1/1998, de 26 de febrero, reguladora de las Haciendas Locales, dice: Las Ponencias de valores podrán modificarse, bien de oficio o a instancia de la entidad local correspondiente. La ponencia se publica con fecha 29/06/2001. Por tanto parece claro que fue a propuesta del gobierno anterior cuando quedó aprobada la misma.

La razón de este impuesto radica en que no es únicamente Hacienda la que está capacitada para recaudar dinero, sino también los ayuntamientos para financiarse y poder costear y mantener los servicios que prestan a los ciudadanos.

Hace unos días hemos recibido un díptico de la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Telde en el que se intenta justificar la subida de los impuestos sobre bienes inmuebles, inculpando al gobierno anterior, para justificar la voracidad recaudatoria de este Ayuntamiento perjudicando a la gran mayoría de los ciudadanos.

Desconocemos qué hizo la oposición en aquel momento, hoy en el gobierno, cuando se aprobó la mencionada ponencia de valores, ya que la ésta y sus modificaciones están sometidas al informe del Ayuntamiento de acuerdo con el artículo 70.2. de Ley 1/1998, de 26 de febrero, reguladora de las Haciendas Locales, puesto que los ciudadanos no nos hemos enterado hasta que se presentan al cobro estos impuestos abusivos.

Con inculpar al gobierno anterior- grupo político actualmente en la oposición- de modificar la citada ponencia de valores no se soluciona la subida de impuestos, ni se justifica manteniendo los tipos impositivos tan altos, cuando la decisión, y no lo hace, de rebajar el tipo arancelario es de este gobierno municipal, teniendo en cuenta que el tipo de gravamen mínimo y supletorio se establece en el 0,4 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles urbanos, y el máximo será el 1,05 por 100 en municipios con población de 50.001 hasta 100.000 habitantes, como es el caso que nos ocupa.

Si de verdad fueran coherentes y rigurosos, políticamente, con sus planteamientos de no subir los impuestos, tal y como manifestaron en su campaña, e incrementar el nivel de recaudación del año anterior, contemplado potencialmente, bastaría, simplemente, con bajar el 10%, provocado por la subida del cambio de los valores catastrales, en el tipo impositivo. Sería suficiente para recaudar más. Tan sólo es necesario tener voluntad política para hacerlo.

Sin embargo, mientras este año no se pueden bajar estos impuestos, nos dicen que es posible rebajarlos el año que viene y nos preguntamos si será porque se acercan las elecciones políticas y ya no es tan necesario el dinero para las arcas municipales.
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LA CIUDAD QUE DISEÑAN NUESTROS POLÍTICOS.

Estamos hartos de que cada vez que caen cuatro gotas de lluvia no podamos circular por nuestras calles o tengamos dificultades para acceder a nuestras casas, sin que desde la Corporación Municipal se tomen las medidas correspondientes para corregir estas situaciones que se vienen reproduciendo año tras año. Con las últimas lluvias se han inundado garajes, viviendas, etc... como consecuencia de la nefasta canalización de las aguas fluviales, del trazado de las calles de nuestra ciudad.

Podemos observar que las aguas fluviales están guiadas hacia los colectores de las aguas fecales y que, como consecuencia de ello, ya que no admiten tanta cantidad de agua, saltan las tapas de las alcantarillas y se producen los torrentes de agua porque no están diseñadas para ese fin, ni tienen la capacitad para recoger las mismas, lo que supone un peligro para peatones y vehículos.

Esta concepción mediocre de drenar las aguas de lluvia en los colectores fecales no es precisamente la más adecuada para responder ante cualquier circunstancia extraordinaria y menos aún para disponer de unos servicios dignos. Todo ello dicho al margen del desbordamiento, que se debe producir, desde la planta depuradora hacia el mar y la consiguiente contaminación medioambiental, así como el gasto energético que representa el volver a depurar aguas que previamente ha sido encauzadas.

No podemos aceptar como normal que cada vez que llueve nuestras calles naveguen en agua, no podamos transitar por ellas, ó que nuestras viviendas se nos inunden, porque nuestros políticos no sean capaces de dar soluciones para tener un prestar un servicio digno y responsable. Entendemos que un plan de emergencia no está para solucionar la falta de infraestructuras, sino para solucionar aquellos efectos no previstos, o previstos pero que sean de difícil solución, y no al revés como pudiera entenderse.

De acuerdo con la información aparecida en TELDEACTUALIDAD, el Pleno aprobó, por unanimidad, reclamar a los operadores telefónicos y otras instituciones por el colapso o la falta de servicio de ese día. Sin embargo no se toma acuerdo alguno para corregir, a corto y medio plazo, las causas que produjeron los efectos, lo que nos hace pensar que la corporación municipal entiende que no es necesario tomar ningún tipo de medidas políticas, puesto que las causas han sido externas y por tanto de difícil solución.

Prever significa adelantarse a posibles acontecimientos, y la lluvia es un suceso que nos acompaña todos los años, con mayor o menor intensidad, y en ese sentido se deben plantear aquellas obras que afronten el mayor caudal posible y eviten situaciones como las señaladas.

De ahí que nos preguntemos si es tan difícil diseñar unas instalaciones que conduzcan las aguas hacia el barranco real por el lateral norte de la ciudad o el Barranquillo de El Calero por el sur, como cauces naturales, del tal forma que los ciudadanos no estemos expuestos a inundaciones o riadas como las que hemos vivido, y, en un momento dado, se pueda colapsar la ciudad por la imprevisiones políticas.
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UN GOBIERNO A GOLPE DE IMPULSOS.

Esperemos que esta Corporación Municipal de Telde no cometa el error político de trasladar diez de sus concejalías a la zona de San Gregorio. Esta operación está más en la línea de un gobierno que actúa a golpe de impulsos, dado que no contempla los múltiples problemas que le ocasiona a sus habitantes cuando desarrolla esta idea, ni intenta un consenso con los partidos políticos, dada la sensibilidad que despierta este problema.

Si analizamos esa iniciativa, podemos observar que mientras se acercan varias concejalías a otras zonas de la ciudad no se aproximan unos servicios integrales, que es lo que necesitan, y a lo que verdaderamente tienen derecho sus habitantes. Lo único que se consigue, con esta operación, es que sus residentes continúen dando múltiples vueltas, por toda la ciudad, para realizar cualquier gestión administrativa.

Objetivamente, este gobierno municipal se olvida que de acuerdo con la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en su artículo 128.1 de LBRL, se determina que los ayuntamientos deberán crear distritos como divisiones territoriales propias de órganos de gestión desconcentradas para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales. Lo que implica, que cualquier gestión que deban realizar los ciudadanos la realicen desde cada uno de sus distritos y no desde la multitud de lugares o enclaves que la corporación pueda crear en cada momento.

Definidos los distritos, como lo están, lo que cabe, política y objetivamente, es ponerlos en práctica, sin embargo no hemos visto en los presupuestos, que se acaban de aprobar, las partidas económicas necesarias para poner en marcha este mandato legal, amparado por la citada ley.
Por ello defendemos un edificio singular, donde estén ubicados todos los departamentos centrales del ayuntamiento, ubicado en la zona de San Juan, lugar en el que ha estado históricamente, con seis distritos administrativos, los cuales deben dar respuesta a todas y cada una de las demandas vecinales.

Si efectivamente, el edificio donde están situadas las concejalías cuestionadas, está en tan malas condiciones, se debería evacuar cuanto antes al personal de esas concejalías, para evitar males que tengamos que lamentar, cuestión en la que todos deberíamos convenir. No obstante, presumimos que se dispondrán de los informes técnicos pertinentes para continuar en ese lugar.

Si esto es así, no parece tan difícil agilizar las obras de rehabilitación del antiguo Juzgado para el traslado de la Concejalía de Urbanismo, como se tiene previsto, y este nuevo espacio liberarlo para las concejalías que se pretenden trasladar a San Gregorio. Con ello nos ahorraríamos el desembolso económico que supone la compra de ese nuevo edificio y el que los ciudadanos tengamos que desplazarnos a otras zonas.

La iniciativa municipal no parece creíble. No sólo porque el traslado no parece que sea provisional, si va acompañado con la compra de nuevos edificios en la zona comercial, sino porque desde ese gobierno municipal ya se ha planteado, desde hace más de un año, su voluntad de trasladar, de forma definitiva, parte del Ayuntamiento a esa zona. De ahí la necesidad de que el gobierno municipal, para evitar estas polémicas o estrategias mal calculadas, debería «obligarse» a alcanzar un consenso con todos los partidos políticos del arco municipal, no sólo en este traslado, sino en el establecimiento de los lugares físicos de los distintos distritos, ya que en la medida en que estén ubicados geográficamente, en uno u otro lugar, se afecta a unos u otros vecinos.
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MANIPULACIÓN MEDIÁTICA CONTRA LA PROTESTA DE MAÑANA EN TELDE.

Como consecuencia de la manifestación del próximo viernes, convocada por las asociaciones vecinales, se viene poniendo en duda la independencia de las mismas, con opiniones tales como que están manipuladas por determinados partidos políticos.
En este sentido, sólo hay que poner de relieve dos ejemplos, para desbaratar el planteamiento anterior: en primer lugar, el hecho de que uno o varios presidentes de asociación de vecinos puedan estar afiliados a un partido político (que tienen todo su derecho constitucional, como cualquier ciudadano) no le invalida para tomar aquellas acciones democráticas que consideren más apropiadas en beneficio de la sociedad. Y en segundo lugar, el hecho de que un presidente pertenezca a una formación política determinada, no es indicativo de que todas aquellas personas que pertenecen a esa asociación vecinal tengan el mismo pensamiento político que su presidente, y, por tanto, se dejen convencer o manipular para asistir a un acto con el que no están de acuerdo.

Por ello, cuando se dice que los presidentes de las asociaciones vecinales son manipulados por los partidos políticos, se sugiere que los componentes y afiliados a una asociación vecinal son unas marionetas que se dejan manipular por los grupos políticos, lo cual no deja de ser una falsedad que, en todo caso, obedece a opiniones de mercenarios al servicio de consignas políticas interesados en descalificar al movimiento ciudadano.

Para considerar si debemos acudir a la convocatoria del próximo viernes día 12, sólo tenemos que separar los hechos de las opiniones que se vienen esparciendo desde que se dio a conocer la posición de las asociaciones vecinales.

Los hechos que existen son las acusaciones planteadas por el juez instructor, en el que, de momento, se han saldado con numerosos detenidos e imputados, por presuntas irregularidades, de la mayoría gobernante del Ayuntamiento en este municipio. Quién dirige esta ciudad no está en condiciones de asegurar que no hayan más presuntos implicados.

Otro de los hechos es que este gobierno no sólo no ha sido capaz de obtener las actas de los concejales implicados, sino que además se van a apoyar, para mantener la mayoría, en personas que están imputadas, para blindarse en el poder, tal y como ha manifestado el propio Alcalde.

Cuando no se tiene la mayoría necesaria libre de imputaciones, por higiene política se debe dimitir, pero si, además, lo que se hace es intentar gobernar con los votos de personas que están imputadas, lo que se hace es extender la sombra de incertidumbre a todo el gobierno municipal. Y eso es mucho más grave.

Pretender mantenerse en el gobierno con el argumento de que quieren seguir gobernando la ciudad no es el camino para resolver el principal inconveniente que tiene la institución municipal, como es la trasparencia, y menos aún para resolver los distintos problemas que tienen los diferentes barrios, así como las infraestructuras o el saneamiento de las arcas municipales, por poner algunos ejemplos. La realidad demuestra que en los tres años que llevan gobernando no han sido capaces de hacerlo, sino todo lo contrario, enrarecer la vida social y política y por extensión alejar las inversiones económicas.

Por la recuperación de la ética, la transparencia y por una gestión al servicio de sus habitantes, éstas son las razones para solicitar la dimisión y que todos los ciudadanos podamos expresar nuestra opinión en la calle, que es el único lugar donde nos pueden escuchar los gobernantes; cualquier otro argumento es pura argucia.
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LA VENTANILLA ÚNICA: MÁS NECESARIA QUE NUNCA.

El tratamiento informatizado de los datos que las tecnologías nos proporcionan, con un tiempo de respuesta inmediato, no se corresponde con las dificultades en la tramitación y respuesta a cualquier gestión que debamos hacer en nuestro ayuntamiento y menos, aún, se justifica para un municipio que acaba de entrar en el círculo de las Grandes Ciudades.A pesar del avance de las ciencias cibernéticas, lo único que se ha realizado en nuestro municipio, en este sentido, es sustituir el lápiz por el ordenador o, como mucho, informatizar los departamentos aisladamente.

Sin embargo no se han aprovechado todas las facilidades y herramientas que proporciona esta ciencia para facilitar una mejor gestión y aumentar la eficacia administrativa hacia los ciudadanos, así como, tampoco, se ha liberado a trabajadores hacia otras dependencias en las que, seguramente, se necesitan.

Al contrario, se continúa considerando a los departamentos que conforman la Administración Municipal con la mentalidad y los planteamientos de los años sesenta y se gestionan como departamentos estancos, o por áreas de responsabilidad política, lo que le supone al ciudadano tener que dar infinidad de vueltas para resolver cualquier asunto.

La gestión política tiene, entre otras, la obligación de proponer y aprobar las normas orgánicas necesarias que simplifiquen la excesiva burocracia para que se ejecute aquellos procedimientos técnicos-administrativos que funcionen correctamente y se garanticen unos tiempos máximos de respuesta a los residentes.

Centralizar una buena base de datos informatizada, de todos y cada uno de los departamentos, con distintas claves de acceso, en función de los niveles de responsabilidad y de información, tanto desde los equipos centrales como de los periféricos, y disponer de un equipo multidisciplinar, en cada uno de los terminales, no parece tan difícil de poner en marcha.

Para ello es necesario, en primer lugar, negociar y alcanzar un convenio entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo y el Consejero de Industria y Tecnología del Gobierno de Canarias para obtener las subvenciones económicas necesarias, y, también, es igualmente necesario, el equipo redactor y los técnicos que planifiquen, desarrollen y realicen dicho proceso.

Paralelamente, con la ventanilla única establecida, se procedería a aplicarla en cada una de las Jurisdicciones en las que aparece la necesidad de tener pequeñas infraestructuras del ayuntamiento, en cada uno de los sectores sociales en que se dividan finalmente los distritos.

También aflora la necesidad de negociar con los sindicatos un acuerdo para la formación del personal, adecuación de plantilla y traslado a las distintas áreas que se conformen. Así como desarrollar una red Intranet y una plantilla de técnicos en informática, lo que implica llevar a efecto una reestructuración en la organización, coordinación y gestión de todos sus recursos.

Con la ventanilla única en funcionamiento sería poco importante tener un edificio emblemático y centralizado, como algunos mantienen, puesto que la información va a estar en cualquier lugar donde se necesite, facilitando y acercando la gestión a cada uno de los ciudadanos, tal y como se define en la llamada Ley de Grandes Ciudades.

No nos cabe la menor duda que los partidos políticos estarán a la altura de las circunstancias para facilitar un consenso sobre el particular, puesto que nuestra sociedad lo está demandando en su conjunto. Por tanto sólo es cuestión de voluntad política y de cumplimientos programáticos.
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DEMANDAMOS UN PLAN GERERAL URBANO QUE COMTEMPLE LA AGENDA 21, COMO EJE FUNTAMENTAL DE LA POLÍTICA MUNICIPAL.

Como sabemos, la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, la Declaración de Aalborg sobre la Agenda 21 local en 1994 y la conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo de 2002, han constituido los hitos más importantes de un proceso que intenta dar respuesta a uno de los retos más importantes de la humanidad, la sostenibilidad ecológica y compromete a todos los agentes implicados.
En la última década del siglo pasado, instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, respondían al impulso de estas últimas y acordaban la Agenda 21 como base para la realización de planes de acciones locales, estatales, nacionales o corporativos para el medio ambiente.
La sensibilidad acerca de los temas medioambientales nace, de la preocupación de seguir apostando por un modelo de desarrollo económico depredador de los recursos naturales, y a pesar de que la comunidad internacional tomó conciencia, hace más de una década, sin embargo, en las Islas siendo más limitadas y frágiles, no hemos sido capaces de dar un paso al frente para frenar todos estos procesos especulativos contra el medioambiente y continuamos como si estas fuentes fuesen inagotables.
Estas herramientas combinan la gestión municipal con la participación activa de toda la comunidad, en un tratamiento integral de la problemática urbana, incluyendo cuestiones ambientales, económicas y sociales y se han convertido en elementos fundamentales de la agenda política de las administraciones locales respetuosas con el medioambiente.
Problemas como el elevado consumo de recursos, la creciente generación de residuos, la habitabilidad de nuestras ciudades, el uso del suelo, la contaminación atmosférica y acústica, la movilidad, etc., colocan a los gobiernos locales ante el reto de alcanzar unas ciudades y pueblos más sostenibles.
Difícilmente podemos confiar en unos gobiernos que no busquen cooperar y considerar los temas medioambientales, como uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno del municipio, para ello es necesario asumir y adherirse a los principios de la Carta de Aalborg y comprometerse a cumplir el plan de acción resultante de la auditoría que se realice para la elaboración de la Agenda 21 propia. por cuanto es el sostén de nuestra supervivencia y convivencia
No se puede seguir actuando como si, esta parte de suelo de este planeta, estuviera al margen de la naturaleza en que vivimos, y eso es preocupante. Y nos preocupa que, los partidos políticos, siendo críticos con las presuntas corrupciones de nuestro suelo, no apuesten decididamente por la citada Agenda 21 como instrumento para resolver, los problemas de sostenimiento de nuestros recursos naturales y acabar con las especulaciones.
El pasado día cinco de Enero se acaba de aprobar un avance del Plan General Urbano, donde todos los partidos políticos, que forman parte del Consistorio, han perdido una oportunidad para defender esta herramienta política.
Por todo ello invocamos un nuevo contrato social y político, que permita afrontar y gestionar, de forma integrada, los retos que tiene nuestra sociedad y que proscriba de la vida pública del municipio, las descalificaciones personales, la crispación y las presuntas irregularidades como forma de hacer política. En este sentido, las personas que componen los partidos políticos, deben hacer un esfuerzo para asumir, este nuevo contrato social, que eleve la dignidad política y el bienestar de esta sociedad.



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LAS MISERIAS POLÍTICAS.

El pasado primero de Marzo nos hemos levantado con la desagradable noticia en la que, la responsable de una de las Concejalías de este municipio y otras personas, estaban envueltas en unas presuntas irregularidades. Será la justicia la que tiene la facultad de explicar y demostrar estas transgresiones.
Durante la reciente y escasa historia democrática, desgraciadamente, la mayoría de los partidos políticos, en sus tareas de gobierno, se han visto envueltos de este tipo de descomposiciones, como consecuencia de actitudes individuales que no responden al bienestar general de los ciudadanos, ni a la filosofía de los partidos políticos.
Ha sido, el poder judicial el que se adelanta, como en la mayoría de los casos, para intervenir y poner orden a los desmanes políticos, en sus acciones de gobierno y no los propios partidos políticos, lo cual no deja de sorprendernos, si tenemos en cuenta que la comisión de investigación, como herramienta democrática, no sólo sirve, para depurar responsabilidades políticas, sino para poner a disposición de los juzgados correspondientes, cualquier irregularidad que pudiera encontrarse en la gestión política o administrativa.
No obstante, convocar una comisión de investigación, a remolque de una investigación judicial, en el fondo, más que depurar responsabilidades políticas, viene a servir, para limpiar la imagen del resto de los componentes del partido político afectado, que está bien, pero que en la mayoría de los casos no ha servido, para establecer las medidas de control necesarias y evitar que se vuelvan a reproducir estas situaciones. Así podemos contrastar, que mientras están en la oposición, solicitan medidas de control e intervención, sin embargo cuando están gobernando, no solo no las ponen en marcha, sino que no quieren que esos controles, se les aplique a su propia gestión de gobierno.
Mientras los partidos políticos no contemplen, faciliten y acepten los controles e intervención política de las que dispone un estado de derecho y democrático, como herramientas necesarias y habituales en todos los órganos de gestión, con independencia que estén en la oposición o en el gobierno, no estaremos en las mejores condiciones para erradicar estas situaciones. Por lo tanto, no debemos lamentarnos cuando ocurren hechos como los anteriores y a continuación no establecer los dispositivos que han generado esos resultados.
No se puede, ni debe, zarandear a toda una sociedad, como está ocurriendo, porque la mediocridad de nuestros políticos, no estén a la altura de las circunstancias, y no sean capaces para ponerse de acuerdo, en las cuatro medidas democráticas necesarias, para asegurar unas reglas de juego que sirvan a todos los partidos políticos, que eviten estos escenarios circenses.
En política sólo cuentan los hechos, al margen claro está, que todas las personas tienen el derecho a la presunción de inocencia, y en este sentido el gobierno municipal, perdió la oportunidad de facilitar mayor presencia e intervención, en los reglamentos orgánicos aprobados recientemente, para que los partidos en la oposición pudieran tener mayor control y participación en todas las actividades que realiza el gobierno, no sólo porque representa a una parte de la sociedad, sino por pulcritud política, más aún, cuando entre otras cosas los partidos gobernantes habían planteado, en su programa electoral, una mayor transparencia política y administrativa. Difícilmente se podrá controlar a un gobierno, si no se facilita a la oposición, los mecanismos precisos para desarrollar y verificar la limpieza política en ese control.
La mayoría de los ciudadanos hemos facilitado un cambio político para que se desarrollara, la transparencia en la gestión pública, la participación social y política en la institución, la tolerancia entre los partidos políticos y el respeto hacia las personas, sin embargo sólo ha servido para convulsionar la vida social y política de este municipio.
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UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEVALUADA.

El pasado trece de Marzo se reúne el pleno de la Corporación Municipal para decidir sobre la formación y composición de la comisión de investigación, en torno a las presuntas irregularidades del llamado caso Faycan.
La propuesta aprobada por la mayoría gobernante, ha sido la formación de una comisión de nueve (9) representantes, con una composición de seis (6) delegados para el grupo gobernante y tres (3) para los partidos de la oposición. Si bien desconocemos los criterios que se han empleado, para primar al grupo mayoritario en perjuicio de los partidos de la oposición, lo que no parece, es que, se haya creado con criterios de proporcionalidad, en función de la representación del Pleno municipal, puesto que, en ese caso, la mayoría se habría adjudicado un miembro más de los que les corresponde.
Si la citada composición se hubiera establecido con los criterios, señalados más arriba, la misma hubiese sido otra. Teniendo en cuenta que, a la mayoría de los (14) concejales que están en el gobierno; le corresponde el 56% de la representatividad y le pertenecerían 5,04 personas, para participar en la delegación; a los (11) ediles de la oposición por esa misma representación el 44% y le supondría 3,96 personas. Al corresponderle mayores decimales a los partidos de la oposición, parece claro que le corresponda uno más de los que se le han asignado. Con lo que la Comisión de investigación de nueve miembros, se repartirían de forma significativamente diferente: cinco (5) para el grupo gobernante y cuatro (4) para la oposición.
Este criterio sería mucho más equilibrado y ajustado a la representación real que la sociedad ha votado y, además, de conformidad con los criterios, utilizado para la comisión especial de reclamaciones y sugerencias, derivado de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
El gobierno municipal, ha vuelto a perder otra oportunidad, quizás la última, para llegar a un consenso, con los partidos políticos, en torno al número, composición, criterios y alcance de la Comisión de investigación, y de esta forma dejar claro ante la sociedad su disposición para averiguar, hasta las últimas consecuencias, todo lo relacionado con el caso, tal y como ha manifestado el propio Alcalde.
Cuando existe una situación tan delicada como ésta, el regidor municipal debería activar todos los mecanismos a su alcance para que esta comisión, no se devalúe, o pierda su sentido, porque una parte de sus componentes, la más importante, no esté presente en la misma. Esta situación no le conviene al gobierno, por las sombras de dudas que se están generando, que va a continuar en los próximos meses y porque además es muy posible, si no lo hace, que pierda la mayoría muy pronto.


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LAS HIPOCRESÍAS POLÍTICAS.

En el debate del estado de la nacionalidad de Canarias y en relación con las presuntas corruptelas, el Presidente de la comunidad canaria prometía un código ético como medio de proscribir las mismas. No obstante el Presidente se olvida, no sabemos si a propósito, que hace ya algunos años, la mayoría de los partidos políticos firmaron, un código ético contra el transfuguismo político, que no ha servido para solucionar éstas corruptelas. Menos mal que, el Presidente, no volvió a prometernos un nuevo estado de felicidad, como hizo en el discurso del debate de investidura el tres de Julio de 2003, porque el panorama político no es el más propicio para convivir en ese estado prometido.
Visto lo anterior debemos preguntamos, para qué sirve el juramento público que realiza los políticos, como compromiso necesario para adquirir la plena condición de sus cargos, en el que deben respetar las garantías de un estado de derecho, si posteriormente lo incumplen. Siendo ésta la mayor de las garantías éticas que tiene el estado de derecho, es un insulto, a la inteligencia de los ciudadanos, volver a plantear este tipo de documentos, cuando ha quedado demostrado que no valen ni los juramentos ni los códices.
La cultura del pelotazo, la gomina y el enriquecimiento rápido viene de muy lejos y en ese sentido la gran mayoría de los partidos políticos, se han visto envueltos en este tipo de escándalos, como consecuencia, entre otros, de una falta de ideales que debe presidir en los partidos políticos y que han venido permutándose por el culto y la praxis de la pura gestión económica.
Así se puede entender, que los que hoy están en un grupo político, mañana puedan estar en otro colectivo de signo aparentemente distinto, sin que nadie se escandalice y lo que es más grave, que se alienten este tipo de actitudes para, en nombre de la ciudadanía, realizar unos cambios que solo buscan favorecer sus propios intereses. Si estos comportamientos fuesen erradicados por los partidos políticos, aquellos que son individuales serían más difíciles que se pudieran facilitar.
Parecería normal como dicen algunos, llamados políticos, desvincular los deslices, que generan individualmente las personas en función de su cargo, con los del partido político al que pertenecen. Sin embargo esa afirmación no es totalmente cierta; porque, si entendemos que un partido político, no es un ente abstracto, sino que está compuesto por personas, que tienen unos órganos de dirección y de gestión y en la medida que esos responsables, son los que tienen el deber y por tanto la obligación de velar para que prevalezcan sus ideales y sus fines, parece evidente que, al margen de las responsabilidades individuales, también deba exigirse responsabilidades colectivas ó políticas, a los responsables de esos partidos políticos.
Los partidos políticos, deben asumir que tienen un problema de credibilidad social, desde hace mucho tiempo, por sus contradicciones, sus irregularidades o por abdicación de sus responsabilidades, así mientras no los afronten con realidad y sin complejos, continuaran intentando dar explicaciones de unas consecuencias, que no se corresponden con la realidad global de las causas, al margen de la participación y el control, que debe regir en todos los órganos de los partidos y más aún cuando gobiernan.
Utilizando una de las citas del Presidente de la Comunidad, cuando se dirigía al Parlamento en el debate de investidura, sobre una sociedad responsable y fuerte, decía, Los países que confían demasiado en las administraciones, ven su bienestar lastrado por la burocracia y por la poca eficiencia. En el otro extremo, las sociedades donde el Estado apenas hace sentir su presencia, normalmente consolidan situaciones de desigualdad e injusticia absolutamente incompatibles con la dignidad humana, ... porque un pueblo que todo lo confía a la Administración, es un pueblo dependiente que renuncia a su protagonismo.
Para completar esta cita le faltó decir, al presidente, que las políticas que aumenta los controles, la transparencia y la participación, en los órganos de gobierno, son las que robustecen las democracias y erradican las corrupciones de la vida política.

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